GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Granada abrirá un expediente sancionador al adjudicatario de la gestión de la residencia «Turismo Tropical», situada en Almuñécar, después de que haya sido condenado a ocho meses de prisión por no atender las órdenes del Ayuntamiento de la localidad para que cesara su actividad musical, de la que se habían quejado los vecinos y para la que no contaba con licencia.
La decisión de la institución supramunicipal se ha hecho pública a raíz de la moción que el grupo «popular» ha presentado al pleno ordinario de hoy solicitando que se rescinda al contrato al adjudicatario, un supuesto «militante del PSOE», por considerar que ha incumplido el pliego de condiciones de la residencia al celebrar actuaciones musicales y bingos en este lugar.
El diputado «popular» Francisco Javier Maldonado ha asegurado en este sentido que La Policía Local precintó los equipos de música en varias ocasiones y el responsable de la gestión de la residencia desoyó esta orden y, tras quitar los precintos volvió a usarlos, «obligando a algunos vecinos a insonorizar sus casas, con el gasto que eso conlleva».
Añadió además, que el adjudicatario ha incumplido el artículo 13 de la cláusula de condiciones del contrato, que alude a la necesidad de dar un trato «exquisito» a residentes y personas que lo visiten, de modo que «el trato vejatorio, indiferente o despectivo» puede constituir «una sanción o incluso la resolución del contrato» por parte de la Diputación.
«O hacemos cumplir la legalidad o hacemos la vista gorda a este militante activo del PSOE en Almuñécar para que siga campando a sus anchas y molestando a diestro y siniestro», advirtió el dirigente «popular».
NO HAY QUEJAS FORMALES
Por su parte, el equipo de gobierno en la Diputación (PSOE e IU) aseguró que «no ha recibido ninguna queja formal» de los vecinos y el grado de satisfacción de los usuarios es «altísimo», por lo que abogó por abrir un expediente al adjudicatario para aclarar los hechos y sancionarle en función de la falta cometida.
«La Diputación no va a permitir estos hechos y por eso va a sancionarlos», aseguró el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo, quien recordó que, legalmente, no se puede rescindir un contrato mediante acuerdo plenario sino que debe abrirse un expediente sancionador y dar un plazo a la empresa para que presente sus alegaciones al mismo.
Bernardo también incidió en la necesidad de no tomar una decisión «precipitada» que pueda afectar a los usuarios del servicio, por lo que se seguirá el procedimiento descrito.
Así las cosas, PSOE e IU votaron en contra de la moción del PP que solicitaba rescindir el contrato al adjudicatario y alabaron las mejoras que éste ha desarrollado en el centro, habiéndose iniciado hace poco la eliminación de las barreras arquitectónicas en los cuartos de baño, que ha sido muy demandado por los usuarios.

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