MOTRIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)
La ONG Andalucía Acoge criticó hoy que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil sigan identificando a inmigrantes llegados al centro de recepción del Puerto de Motril (Granada) mediante marcas de tinta en la piel en vez de usar pulseras con sus datos, tal y como ha detectado el Defensor del Pueblo Español.
Así lo puso hoy de manifiesto en rueda de prensa la presidenta regional de la organización, Mamen Castellano, que desgranó el informe elaborado por la institución que dirige Enrique Múgica, que pide el cierre o la mejora de las deficiencias detectadas en las instalaciones del centro de recepción de inmigrantes.
En este sentido, Castellano destacó la necesidad de que se elabore un nuevo protocolo de actuación en el que se especifiquen cuestiones como la coordinación de los funcionarios en la custodia de estos inmigrantes, la brevedad en el traslado de estas personas a otros centros asistenciales o la puesta en conocimiento al Ministerio Fiscal de la presencia de menores.
De hecho, el informe del Defensor recoge la importancia de que los funcionarios adscritos a la Brigada Provincial de Extranjería reciban una formación específica a fin de mejorar la detección de mujeres posibles víctimas de trata.
En cuanto a los infraestructuras, la ONG recordó que el centro de recepción de inmigrantes está concebido para una estancia de pocas horas, «cuando la realidad es que estas personas pernoctan hasta dos noches en las mismas».
La asociación también hizo referencia expresa a la mala ventilación del espacio, la falta de una batería de duchas en el módulo de recepción, la total carencia de literas y la mala salubridad de las instalaciones. Esta situación obligaría a la construcción de un centro adecuado o bien a la remodelación del existente dotándolo de los servicios necesarios para la digna estancia de estas personas.
PROCESO «IRREGULAR»
Además, Andalucía Acoge ha tenido constancia de irregularidades en estas instalaciones a lo largo del tiempo, siendo corroboradas especialmente por el caso de la familia sudanesa –con un menor– que en el mes de febrero del pasado año llegaron a Motril siendo enviados al CIE de Capuchinos (Málaga) mediante un procedimiento «plagado de irregularidades jurídicas».
Así, criticaron «la retención de personas inmigrantes en estos centros de detención informales por no tener en orden su documentación, siendo ésta una falta administrativa por la que no se debería privar de libertad a estas personas».
Asimismo, y en consonancia con las recomendaciones del Defensor de Pueblo, Andalucía Acoge reivindicó la conveniencia del cierre de estas instalaciones o su mejora para que reúnan las condiciones adecuadas para recibir y atender a los inmigrantes.

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