SANTA FE (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)
El alcalde Santa Fe (Granada), Sergio Bueno (PSOE), y el concejal de Urbanismo, José María Aponte, negaron hoy haber cometido prevaricación, después de que el PP anunciara ayer la interposición de una denuncia en Fiscalía contra ambos por permitir el uso «privativo» de una parcela a una empresa cuando los terrenos, de 10.000 metros cuadrados, son de titularidad pública. En su opinión, esta denuncia es muestra de las «malas artes» de los «populares» y de «la incapacidad de gestión por parte de este partido en el municipio de Santa Fe».
Para Bueno y Aponte las declaraciones efectuadas ayer por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Cobo, son «desafortunadas y esperpénticas». Los hechos relatados por Cobo, explicaron a través de un comunicado, remiten al convenio urbanístico alcanzado en abril de 2003 entre el anterior alcalde santaferino, José Rodríguez Tabasco (PSOE), y la empresa farmacéutica Hefragra para amparar la instalación de la sede en el municipio cediendo el uso del suelo de la instalación deportiva para el personal durante 25 años.
La decisión, subrayaron, se adoptó mediante acuerdo plenario el 18 de marzo de 2003 sin contar con el rechazo del PP de Santa Fe en ese momento. Por este motivo, Aponte entendió la situación como «un ataque exclusivo y partidista al actual equipo de gobierno» .
En cuanto a la legalidad o no del citado convenio, Aponte aclaró que el Ayuntamiento ya ha solicitado un informe jurídico debido a la complejidad del tema, «como así ha quedado reflejado en informes de la Secretaría General del Ayuntamiento de Santa Fe».
De estos trámites, el equipo de gobierno informó en el pleno del pasado 29 de octubre en el que el PP presentó su moción, motivo por el que «votamos en contra», argumentó Aponte, «ya que habíamos actuado con antelación». Asimismo, el Consistorio requirió a la empresa subsanar elementos que se pudieran haber instalado sin la preceptiva licencia municipal «y así se hará pero de acuerdo a unos plazos, procedimientos y audiencias y no con ordeno y mando conculcando los derechos de los ciudadanos»
«El PP obvia que se ha pedido un informe a la secretaría municipal que el equipo de gobierno está a la espera de recibir y sobre el que actuaremos en consecuencia», señaló Aponte. Tras tener los informes, el equipo de gobierno actuará «con la más estricta legalidad de acuerdo a lo estipulado por los juristas. Si hay que pedir la nulidad del convenio, se pedirá, y si se pudiera instrumentalizar se efectuará de acuerdo a lo que marque la normativa», dijo.

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