GRANADA, 19 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Granada no prevé suspender la aplicación de la ordenanza para la convivencia, que entre otros asuntos regula la mendicidad y la prostitución, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre el recurso que ha presentado contra la misma la asociación andaluza Grupo de Juristas 17 de marzo.
Los juristas han argumentado en su recurso que esta normativa municipal «puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión», si bien el Consistorio está en desacuerdo con este extremo y advierte de que no hay prohibiciones expresas en este sentido.
El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Moral (PP), recordó en declaraciones a Europa Press que «lo único que está pidiendo el Ayuntamiento es que los ciudadanos le informen de lo que pretenden hacer en la vía pública», ya que el permiso «se da sobre la marcha».
El Grupo de Juristas 17 de marzo, constituido en Sevilla para luchar en defensa de los derechos humanos, dice que la ordenanza es «contraria» a la Carta europea de Salvaguarda de los derechos humanos y que además su proceso de elaboración «ha tenido importantes déficits democráticos», de los que se han hecho eco múltiples organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos.
Moral dijo que aceptará lo que diga la ley, pero destacó que el texto fue elaborado «codo con codo» con la Oficina del Defensor del Ciudadano y en ése proceso de elaboración «se escuchó a todos los colectivos implicados», como a las asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión como con los propios afectados.
También recordó que el texto, que entró en vigor en Granada el pasado 10 de noviembre, ya tuvo su periodo de exposición pública para que «se presentaran las alegaciones oportunas» y se preguntó por qué este colectivo ha esperado a este momento para pronunciarse.
Respecto a que la ordenanza exceda las competencias municipales en asuntos como la prohibición de la prostitución, como opina este conjunto de juristas, Moral recordó que Granada no es la única ciudad española que sanciona esta práctica en sus calles, además de que «otras muchas se están sumando ahora a esta iniciativa».
El Ayuntamiento esperará a recibir el recurso antes de decidir cómo actuar ante esta situación, aunque por el momento ya se han abierto unos 50 expedientes sancionadores a prostitutas y clientes por ofrecer o realizar el acto sexual en la vía pública.
Estos expedientes desembocarán en una multa de entre 1.500 y 3.000 euros, ya que los afectados fueron sorprendidos a menos de 200 metros de zonas educativas o residenciales.

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