Piden al alcalde que suspenda su aplicación y atienda la petición de los colectivos que se oponen
GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La asociación andaluza Grupo de Juristas 17 de marzo, constituida en Sevilla para luchar en defensa de los derechos humanos, interpuso hoy recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la ordenanza para la convivencia, que entró en vigor en Granada el pasado 10 de noviembre y que regula, entre otros, la mendicidad y la prostitución.
Entienden los juristas que la ordenanza es «contraria» a la Carta europea de Salvaguarda de los derechos humanos y que además su proceso de elaboración «ha tenido importantes déficits democráticos», de los que se han hecho eco múltiples organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos. «La base de cualquier normativa municipal debe ser el derecho a la participación política en su elaboración. Actualmente hay un gran movimiento ciudadano de oposición», señalan en un comunicado.
El texto, que fue aprobado en pleno con los votos a favor del PP y PSOE, «puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión», y también «criminaliza» a los colectivos «más débiles de la ciudad», como prostitutas, mendigos, gente sin hogar, o inmigrantes.
En ese sentido, los letrados consideran que la ordenanza «excede de las competencias municipales y que no está amparada en ninguna Ley estatal o autonómica» y que se trata de «un nuevo modelo de control de la ciudad basada en la Tolerancia Cero que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana».
«De esta manera se hace una protección aparente y no real de los bienes jurídicos presuntamente protegidos (convivencia ciudadana). De hecho, consideramos que la actual ordenanza, lejos de conseguir los efectos preventivos buscados, puede desencadenar situaciones de crispación, conflictividad, e incluso de alarma social, difícilmente compatibles con la convivencia ciudadana», señalan.
Además, la asociaciación fundamenta su recurso en que la técnica jurídica empleada «extiende peligrosamente los poderes de la policía que recuerda una tradición policial propia de otras épocas en la que la dinámica del derecho administrativo se fundamentaba en medidas en blanco». «La experiencia histórica de aquellos tiempos debería obligarnos a esforzarnos en reducir al máximo los posibles espacios o márgenes de discrecionalidad policial, para que no se produzcan situaciones de arbitrariedad», inciden.
Una vez se reciba el expediente completo del TSJA y se formalice la demanda, el Grupo 17 de Marzo presentará sus fundamentos jurídicos a los medios y a la sociedad, pero mientras tanto recomienda al alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), que el Ayuntamiento suspenda su aplicación, «al menos en las partes que pueden vulnerar los derechos políticos y de colectivos más débiles» y atienda las peticiones de las diferentes colectivos que han manifestado su oposición.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí