GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, negó hoy cualquier responsabilidad del Ayuntamiento en el mantenimiento de la depuradora de la urbanización Llanos de Silva, que sufrió vertidos de aguas residuales de 2001 a 2007, y aseguró que esa tarea correspondía a la promotora, Franisán.
Ante el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el regidor, que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, once de inhabilitación y multa de 18.000 euros por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro de prevaricación medioambiental, aseguró que la función del Consistorio en este caso sólo se ceñía a la aprobación del plan parcial correspondiente, la reparcelación y la urbanización.
Era a la empresa Aguasvira a la que corresponde todo lo relacionado con el agua en el municipio, según dijo, si bien en este caso el Ayuntamiento hizo de «mediador» entre los vecinos y la promotora. De hecho, según explicó, estaba «implícito» en el propio plan parcial que se tenía que constituir una entidad de conservación que se tendría que encargar del mantenimiento de la depuradora, si bien ésta nunca llegó a crearse por las «tensiones» entre los propietarios de las viviendas y Franisán.
Sánchez negó que, tal y como sostiene la Fiscalía, los vertidos alcanzaran al pantano de Cubillas y defendió la suficiente capacidad de la depuradora para dar servicio a la urbanización Llanos de Silva y al colegio Granada College, que también se conectó a ella. Entre los años 2002 y 2003, según sostuvo, el Ayuntamiento había concedido una treintena de licencias de primera ocupación y estaban censadas algo más de 70 personas, por lo que la estación era la adecuada, porque podría funcionar hasta para una población de 500 personas.
El primer edil, de baja laboral desde mayo de este año, ha abandonado después de su declaración la sala con el permiso del juez, que lo ha vuelto a citar para mañana a las 11,00 para que pueda asistir al final de la vista y poder ejercer su derecho a la última palabra.
Por su parte, el que fuera administrador de Franisán, R.P.B., procesado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que la Fiscalía le pide tres años de prisión, tres de inhabilitación y multa de 18.000 euros, defendió que en la escritura de las viviendas vendías ay se recogía que los vecinos tendrían que encargarse del mantenimiento a través de una entidad de conservación.
VERSIÓN DE LA PROMOTORA
«La promotora no puede encargarse toda la vida de una urbanización», manifestó el acusado, quien señaló que, no obstante, su empresa se hizo cargo de la reparación de la depuradora cuando ésta dejó de funcionar. Se estropeó, según dijo, no porque la estación estuviera en malas condiciones, sino por falta de mantenimiento. De hecho, cuando se limpió, se llegaron a encontrar en ella unos pantalones vaqueros y diversas botellas de plástico.
El entonces presidente de la Asociación de Vecinos, J.J.B.A., que se enfrenta a la misma pena que el anterior, manifestó sin embargo que la depuradora «nunca ha llegado a funcionar bien» y negó que la escritura contemplara la obligación de constitución de la mencionada entidad de conservación, afirmando que «nadie» les llegó a informar nunca de que tendrían que hacerlo.
El Ministerio Público solicita también tres años de prisión en inhabilitación y multa para el consejero delegado de la empresa «Educación y Formación Europea S.A.», Francisco Javier Jiménez Ortiz –también presidente de la Cámara de Comercio–, que hoy dijo ante el juez que sólo supo de los vertidos cuando la noticia apareció en prensa, en el año 2004, y que el Colegio Granada College se conectó a la depuradora en cuestión porque así lo contemplaba el proyecto de construcción del centro docente, que entonces contaba con una población de 400 personas.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, al menos desde el año 2001 y hasta 2007, se produjeron «de forma constante e ininterrumpida vertidos de agua residual incontrolados» debido al «abandono» de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva, situación que generó «una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas».
La falta de mantenimiento de la depuradora, el impago de los costes del suministro de energía eléctrica, así como la decisión del alcalde en 2000 de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un centro educativo del entorno, llevó a que la depuradora dejara de funcionar. Fue entonces cuando la Asociación de Vecinos presentó repetidos escritos de queja en el Ayuntamiento de Atarfe, «siendo éstos desatendidos por la administración, única competente legalmente en la materia».
A consecuencia de estos hechos se han puesto igualmente en «grave peligro» la flora, la fauna, y los acuíferos de la zona, «por la posibilidad de contaminación microbiológica». En cuanto al peligro para los seres humanos, la Fiscalía apunta que el vertido en el pantano y la contaminación de los acuíferos dio lugar a «otra vía de exposición», al ser el agua contaminada no apta para la bebida o el riego.
La vista continuará mañana con la comparecencia de testigos y peritos y la exposición de conclusiones e informes de la Fiscalía y las cuatro defensas, por lo que está previsto que el caso quede entonces visto para sentencia.

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