GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida solicitó hoy a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que informe acerca de las negociaciones mantenidas con la promotora General de Galerías Comerciales S.A., representada por el empresario Tomás Olivo, acerca de un posible desbloqueo del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada), paralizado por orden judicial por su supuesta tramitación irregular.
En rueda de prensa, el parlamentario andaluz de IU por Granada, Pedro Vaquero, informó de que preguntará en la Cámara sobre el proceso en el que se encuentra esa negociación, tras la aparición de la noticia en diversos medios de comunicación, y por quiénes son los interlocutores. Asimismo, IULV-CA solicitará al consejero, Juan Espadas, que precise a qué se refirió cuando afirmó a los periodistas que se estaba buscando una «solución» al Nevada y que valore qué puede surgir entre la adopción de acuerdos y del procedimiento penal abierto.
De hecho, el Nevada tiene planteados dos recursos contencioso-administrativos y su tramitación será llevada a juicio desde el 20 de abril y hasta el 27 de mayo en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, en el que se han señalado hasta 19 días para la celebración de la vista oral. En la causa se encuentran imputadas hasta 11 personas, entre las que se encuentra el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo.
«No sería de recibo que mientras un asunto está subiudice, dos administraciones públicas como son la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Ayuntamiento de Armilla, junto con el propietario, que es uno de los principales imputados en la causa penal, y posiblemente algunas personas más, estén renegociando, no se sabe muy bien qué», mantuvo Vaquero.
La Fiscalía, que imputa a un total de once personas, solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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