El PP acusa al PSOE de Granada de tener «los mismos principios que los piratas de Somalia»
GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido a través de dos sentencias que el alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, no facilita la información que le solicitan los concejales del PP, por lo que se considera infringido el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos, protegido en el artículo 23 de la Constitución.
En los dos fallos, dados hoy a conocer por el PP, el Alto Tribunal andaluz estima los recursos de apelación interpuestos por el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Manuel Aranda, contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Granada, que había entendido que el Consistorio sí aportó los datos pedidos por los ediles.
En la primera de las resoluciones judiciales, de fecha 25 de agosto, la Sala enumera las preguntas que formuló la oposición al Ayuntamiento, tanto por escrito como verbalmente, entre ellas las relativas al fin al que se han destinado unos tres millones de euros procedentes de la venta de varias fincas de propiedad municipal, a qué se ha destinado un préstamo de 9,3 millones de euros concedido a la empresa municipal Proyecto Atarfe S.A., que estaba previsto inicialmente para la construcción de un centro sanitario, o qué empresas han sido adjudicatarias de las obras a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local y el Proteja.
En total, fueron hasta diez las preguntas formuladas, «concretas y dirigidas a determinadas cuestiones», tal y como señala el TSJA, peticiones que «sólo merecieron por parte del Ayuntamiento» una comunicación de que los concejales podrían examinar una tarde los expedientes solicitados y un escrito en el que se daban «unas cifras globales de ingresos», pero «sin contestar puntualmente a los concretos requerimientos efectuadas».
Así, aunque el Ayuntamiento alegó que los funcionarios elaboraron un informe en el que hicieron constar que efectivamente los ediles estuvieron observando los documentos, el Alto Tribunal andaluz atiende a las peticiones de los recurrentes, que entienden que se vulneraron sus derechos fundamentales y que no se les facilitó la información.
«El núcleo básico del derecho fundamental de participación política inherente al cargo de concejal, se satisface con el derecho a la información y no comprende el derecho a obtener copias de documentación existente en la Corporación Local», señala la Sala.
En la segunda de las sentencias, de fecha 19 de octubre, también constata que el alcalde no informó a los ediles de la relación de bienes cedidos por el Ayuntamiento a la empresa Proyecto Atarfe y concreta que, a pesar de que Sánchez reconoció a través de una resolución de Aranda y fijó fecha para que revisara los expedientes relacionados, la consulta no se ha podido realizar finalmente, puesto que el portavoz pidió el acceso al día siguiente y el regidor decidió darle cita «próximamente», sin que ello se haya producido.
VALORACIÓN DEL PP
El diputado provincial del PP, Antonio Granados, consideró que estas dos nuevas sentencias avalan que en el municipio «se vulnera el Estado de Derecho», más cuando, a pesar del dictado del TSJA, el alcalde sigue sin facilitar los datos requeridos por los concejales, que fueron exigidos una vez más a través de un escrito el pasado 6 de noviembre, que es, en su opinión, «lo realmente grave».
En ese sentido, volvió a reiterar que de la situación de la que calificó de nuevo como «la Marbella granadina» son «cómplices» el secretario general del PSOE de Granada, Francisco Álvarez de la Chica, y el senador y anterior secretario de Organización, Juan Manuel Fernández.
«El PSOE de la provincia de Granada tiene la misma visión del Estado de Derecho y los mismos principios que los piratas de Somalia, es una nave de bucaneros», consideró Granados, para quien las delegaciones de la Junta de Andalucía encargadas de velar por el cumplimiento de la ley en materia medioambiental y urbanística deberían «revisar de oficio» los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento atarfeño.
«En Atarfe la impunidad va tranquilamente al galope avalada por Álvarez de la Chica y Fernández», sostuvo Granados, que volvió a exigir al PSOE que cese, abra expediente o obligue a Sánchez a dimitir porque en el municipio que gobierna se está produciendo «un auténtico disparate», consistente en «vulnerar» todas las leyes y procedimientos legales en materia urbanística, que han provocado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía hasta en ocho ocasiones.
Granados, que recordó que el PP ha pedido en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre la situación de Atarfe, señaló además que los concejales de Atarfe no descartan nuevas acciones judiciales si el alcalde no atiende las sentencias dictadas por el TSJA.

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