GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
El Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía del sindicato CGT de Andalucía ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por el «silencio administrativo» de la Junta de Andalucía a las alegaciones presentadas en su día por el sindicato a la exhumación de las fosas de Alfacar (Granada), proceso en el que pidió personarse para representar al banderillero Joaquín Arcollas, enterrado supuestamente con Federico García Lorca.
RMHSA critica en el escrito formulado que, habiendo presentado la alegación en tiempo y forma, no ha recibido «respuesta formal y razonada» denegando o aceptando su solicitud de personación como «familia ideológica» del banderillero anarquista, y que sólo fue invitado a la rueda de prensa que se celebró en Granada para presentar el proyecto de apertura de la fosa y la firma del convenio entre las instituciones y organizaciones afectadas.
«Ciertamente estaba reservada para nosotros una silla en la fila de familiares de víctimas, pero ni la información transmitida en ese acto, ni el texto del convenio aclaraban la cuestión, es decir: la resolución de la alegación presentada y el tratamiento que, en caso de ser aceptada, se aplicaría durante las distintas fases del proceso», señala el grupo en su queja.
Así, desde el inicio de los primeros trabajos de exhumación el pasado 29 de octubre «en ningún momento» la Consejería de Justicia y Administración Pública, la Oficina del Comisariado de Memoria Histórica o la Asociación granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica se ha dirigido a los alegantes «para nada», según sostienen.
Toda la información conocida, señalan, «lo ha sido a través de los medios de comunicación, y más allá de cualquier información sobre las novedades del proceso, ninguna otra solicitud sobre el futuro tratamiento que deba tener la zona (ya calificada como «cementerio» según la prensa) ni los restos que puedan aparecer».
En un comunicado, CGT-A exigió a la Consejería que «actúe con la misma transparencia que exige cualquier procedimiento de interés público, y en particular con quienes representan los intereses de las víctimas, como en nuestro caso por familia ideológica en caso de ser aceptadas las alegaciones presentadas, como parece ser que así ha sido, y así se nos ha dado a entender de manera informal», y además «cumpla con los principios y pautas del procedimiento administrativo, regulado Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y comunique la resolución de la alegación presentada en tiempo y forma».
En su alegación, RMHSA de CGT-A se posicionó a favor de la localización, exhumación e identificanción –por exclusión– de los restos de Joaquín Arcollas Cabezas y felicitó personalmente a los responsables de la Consejería de Justicia por la decisión tomada. Se solicitaba entonces ser parte personada en el proceso en representación de los intereses de Arcollas puesto que, al no tener descendencia ni familia conocida, la suerte de sus restos quedaría en una situación de «incertidumbre» y los objetivos de la recuperación de la memoria de las víctimas de la represión franquista «diluidos o incumplidos».
Dada la conocida militancia de Arcollas en el movimiento libertario (al igual que el otro banderillero, Francisco Galadí), CGT-A se postuló como «familia ideológica» para representar y defender sus intereses en tanto que víctima que, como tal, reclama «verdad, justicia y reparación» en la medida que sea posible.

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