GRANADA, 18 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha retirado su acusación contra el ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Manuel Lorente y otros dos acusados más por el accidente que costó al vida al obrero Guillermo Estalin el 21 de diciembre de 2004 en el derribo de un edificio en la Cuesta de Gomérez y ha rebajado su petición de pena inicial para los seis imputados restantes.
El Ministerio Público ha considerado que no existió la concurrencia de un delito contra el derecho de los trabajadores, pero ha mantenido el de homicidio imprudente y contra la seguridad en el trabajo, que imputa a L.D.M., como responsable de la contratista principal de la obra, Rehabilitaciones y Demoliciones Granada; a la arquitecta encargada de la coordinación de la seguridad, M.P.G.G.; al responsable de la primera subcontratada Hermanos Rodríguez, S.R.C; al segundo subcontratado, A.S.S., propietario de Alsa; y al arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Moreno Monchón, y al arquitecto jefe del Servicio de Arquitectura hasta el 15 de noviembre de 2005, Jacobo de la Rosa Herrera.
Así, todos se enfrentan a una pena de dos años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y el ejercicio del oficio durante el tiempo de la condena, y multa de 1.440 euros. Han quedado absueltos, además de Lorente, el que fuera trabajador de Alsa, F.J.P.G., y M.R.C., hermano del acusado S.R.C., por la ausencia de intervención en el proceso.
La fiscal ha justificado la retirada de todos los cargos que en principio imputaba a Lorente en que «no ha quedado acreditado» que, salvo su participación en los trámites administrativos correspondientes, hubiera intervenido o podido intervenir para controlar en el caso de la obra de Gomérez la «fuente de peligro».
No obstante, en la extensa exposición de su informe, la Fiscalía hizo principal responsable de lo que sucedió al Ayuntamiento de Granada, como «promotor» de la obra, y más en concreto, a su Servicio de Arquitectura, al que correspondía haber velado por la seguridad de la ejecución subsidiaria, no simplemente limitada al mero «control administrativo». «Una mínima investigación hubiera bastado para controlar la fuente de peligro», sostuvo la fiscal encargada del caso, que consideró que la obra de Gomérez debía haber contado con un proyecto técnico y un plan de seguridad específicos, documentos «necesarios y exigibles».
NO ERA UNA INTERVENCIÓN URGENTE
Para la Fiscalía, la de Gomérez no era una intervención «urgente» –que es el supuesto que la ley recoge para no elaborar un proyecto técnico–, como han sostenido las defensas de los acusados, y prueba de ello es que el expediente de demolición data de 1998, que hasta 2002 no se ordenó la ejecución del derribo en 24 horas, y que el trámite se prolongó hasta abril de 2004, cuando se decretó la demolición, que no empezó sin embargo hasta el 5 de octubre de ese año. «Si el Ayuntamiento hubiera percibido la obra como urgente, habría promovido su ejecución mucho antes», manifestó.
Con respecto a S.R.C. responsable de la primera de las dos subcontratas que intervinieron, el Ministerio Público no dio crédito a su versión, por la que manifestó que había hecho una cesión de contrato a Alsa, y consideró acreditado que actuó en este caso como subcontratista con el fin de lucrarse –aunque fuera «lícitamente»–, pero que conllevaba la asunción de obligaciones en materia preventiva, que no adoptó. En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía ha hecho constar que fueron satisfechas en lo que respecta a la viuda, la madre y la hija del fallecido, aunque ha precisado que otros posibles ascendientes o descendientes de la víctima se pueden reservar el derecho de la acción civil.
Sólo las defensas de L.D.M. y M.P.G.G. y A.S.S. se han adherido a las conclusiones definitivas del fiscal, mientras que el resto de los acusados han sostenido la libre absolución. El juicio, que comenzó el pasado lunes con la declaración de los nueve imputados iniciales, continuó el martes con la comparecencia de más de una docena de testigos, entre ellos el que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Luis Gerardo García Royo (PP), y hoy ha quedado visto para sentencia.

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