GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Granada ha acordado autorizar al promotor del Parque Comercial Nevada de Armilla (Granada), Tomás Olivo, cerrar e impermeabilizar la cubierta del edificio, paralizado por orden judicial por su supuesta tramitación irregular. La Sección Primera estima así el recurso presentado por Olivo –imputado en la causa– y General de Galerías Comerciales S.A. contra el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, que consideró que el cerramiento supondría «un paso a la terminación final».
En la nueva resolución, facilitada a Europa Press por el Ayuntamiento de Armilla, el tribunal fundamenta su decisión en el auto del 2 de marzo en el que el instructor autorizaba la realización de obras que se considerasen «absolutamente necesarias» en previsión de riesgos para terceros y en la que se pedía a Olivo un proyecto básico. En éste último, elaborado por un arquitecto, se incluyó la impermabilización en zonas de cubierta y la conclusión del cerramiento perimetral, medidas que sin embargo fueron denegadas posteriormente por Del Arco.
La Sección Primera considera que las no autorizadas sí son esenciales para prevenir riesgos, teniendo en cuenta que así lo reconoce un informe del servicio de Incendios y Protección Civil en el que se constata que las tapas del techo del Nevada, de 10 metros cuadrados de superficie, están siendo arrancadas por el viento, lo que deja a la cubierta en una situación «precaria» con el peligro de que se desplacen y caigan en otro punto. Así, la Audiencia ve «necesario» el aseguramiento y da el visto bueno al cerramiento e impermeabilización de la cubierta, además de las medidas que ya autorizó el juez instructor.
LA AUTORIZACIÓN DE DEL ARCO
Del Arco sólo permitió la conclusión de uniones no terminadas, limpieza, soldadura y atornillado de uniones y el atornillamiento de las chapas a la estructura y no consideró «imprescindibles» las medidas ahora autorizadas, así como tampoco ninguna labor tendente a «efectuar lo envolvente de lo ejecutado a nivel de planta alta», en los cerramientos laterales y cubiertas.
El magistrado entiende que si las chapas se desprendieran de la cubierta por el viento caerían en sentido vertical, dentro de una zona que está protegida «o debiera estarlo» con una valla de seguridad, «pero nunca lo harían en sentido horizontal contra las casas colindantes o los vecinos».
«Puede ser un exceso de imaginación exponer que este material, como si la construcción estuviera en una zona caribeña, pueda salir volando», añadía el juez en un extenso auto en que hacía un exhaustivo repaso del caso desde que el 31 de octubre de 2006 el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada ordenara la paralización de las obras.
Argumentó entonces además que la estructura no está «en ruina inminente», como indicó en su día el promotor para justificar la petición de obras de seguridad, y se pregunta si en vez de realizarlas «no sería más fácil e incluso más económico desmontar» la estructura, a la vista de la petición de demolición de la Fiscalía y ante «la inmediatez del juicio oral que por determinadas partes se está intentado dilatar».
A UN PASO DEL JUICIO
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada transformó el pasado 21 de enero en procedimiento abreviado las diligencias abiertas en el Caso Nevada, lo que supone que los imputados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, están a un paso de ser enjuiciados.
La Fiscalía, que imputa a un total de once personas, solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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