GRANADA, 6 (EUROPA PRESS)
Los ex alcaldes de Monachil (Granada) Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), que son juzgados por un posible delito de prevaricación en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, alegaron hoy que la aprobación de la licencia otorgada a una promotora para la construcción de un edificio de 82 apartamentos en Pradollano, en un solar que tenía inicialmente uso socio-cultural y que había sido cedido al Ayuntamiento por la comunidad propietarios, se hizo conforme a los informes favorables de los técnicos.
Así, Lara, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, aseguró hoy que en el año (2003-2004) que estuvo como regidor en la localidad –el cargo se lo arrebató Trinidad con una moción de censura– encargó que se hiciera un inventario del patrimonio municipal y concretamente un estudio detalle para la parcela en cuestión.
El ex primer edil, que había sido concejal en la oposición durante dos mandatos anteriores, dijo desconocer que los terrenos tuvieran previamente la calificación de socio-cultural y los acuerdos que se alcanzaron con la comunidad de propietarios del Edificio Maribel, adyacente a la zona. «Nunca se habló del destino del solar», apuntó Lara, quien reconoció que el Consistorio intentaba por entonces adquirir la Casa Molino de los Aragones como patrimonio, para lo que requería importantes recursos económicos.
Su participación en los hechos enjuiciados se limitó a la aprobación del estudio detalle que elaboró el arquitecto municipal, también imputado en la causa, y que tenía el objetivo de «ordenar aquello», en referencia a la finca anexa a Maribel, un trámite que contaba con el visto bueno de los técnicos.
Por su parte, Trinidad, que también había sido desde 1999 edil de Urbanismo y para quien el fiscal pide dos años de cárcel, diez de inhabilitación y multa de 57.600 euros, mantuvo que desconocía las circunstancias del solar y que la aprobación de la licencia (en noviembre de 2004) y la posterior permuta de la finca a particulares –tras la que pasó a manos de una promotora, que aún no ha finalizado el edificio– contaba con la luz verde del arquitecto y del asesor jurídico, por lo que el pleno votó a favor. «Ahora me estoy enterando de todo lo que había detrás. Yo no tenía ni idea de que tenía uso sociocultural y ni siquiera que había sido cedido al Ayuntamiento», apuntó.
En la misma línea se pronunció el que fuera con los dos alcaldes concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, quien agregó que el pleno «jamás» toma una decisión contraria al punto de vista de los técnicos. «Sí me preocupé de que no hubiera alegaciones de los vecinos colindantes, y sólo fue cuando allí empezó a construirse cuando comenzaron los problemas», dijo el ex concejal, que negó haber obtenido beneficio alguno de la operación y que se refirió al arquitecto como un «buen profesional», que «no concede licencias como churros y que se ha leído las normas hasta de canto».
NORMAS SUBSIDIARIAS DEROGATORIAS
Éste último, que se enfrenta, como Rodríguez, a dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 57.600 euros, explicó ante el juez que se ciñó a las Normas Subsidiarias que regían la política urbanística del municipio desde 1999 para redactar el estudio detalle y el informe de licencia, normas que «derogaban» cualquier planeamiento anterior, entre el que se incluía el «Plan Maribel», que concretaba el uso-sociocultural de la cesión.
Según explicó, el estudio detalle elaborado sólo se limitaba a incluir las características urbanísticas del terreno, mientras que la licencia fue concedida para construir un edificio que albergara «equipamiento residencial de uso hotelero», y no viviendas. «Mi obligación es cumplir las normas», incidió el arquitecto, que negó que la edificabilidad de los terrenos –que el fiscal recoge en su escrito que era inicialmente de 750 metros– fuera de un total de más de 7.100 metros, puestos que en éstos no han de incluirse los bajos –que ocupaban más de 4.000–.
El apoderado de la promotora que adquirió finalmente los terrenos testificó por otra parte que el edificio está aún en construcción y que alberga un total de 82 apartamentos «turísticos», pero para su venta a terceros –hoy ya todos están vendidos–. Además, la promotora, según dijo, pidió un permiso a la Consejería de Turismo porque es el preceptivo en estos casos «para facilitar a los particulares que puedan alquilar».
El administrador del Edificio Maribel, que en su día denunció los hechos hoy enjuiciados ante la Fiscalía, señaló que la finca fue inscrita el Registro de la Propiedad para equipamiento socio-cultural y con una edificabilidad limitada a 750 metros, si bien, con posterioridad comenzó a construirse en ese suelo otro edificio que perjudicó a la comunidad de propietarios colindantes. «Muchos habían pagado un sobreprecio por unas vistas garantizadas de por vida y toda la Sierra entera ha perdido ya un espacio socio-cultural», manifestó.
El fiscal considera por estos hechos coautores de un delito de prevaricación ordinaria a Lara, a Rodríguez y al arquitecto. Estos dos últimos están además acusados de otros dos delitos de prevaricación urbanística junto con Trinidad. Además de las penas solicitadas, el Ministerio Público pide la declaración de nulidad del estudio detalle del 23 de abril de 2004 y la licencia municipal de 22 de noviembre de 2004.

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