GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha condenado a cuatro personas, dos de nacionalidad boliviana, una argentina y otro más español, de profesión guardia civil, a la pena de nueve años de prisión por introducir en España 7.520 gramos de cocaína procedente de Argentina, droga que intentaron camuflar en alfajores, dulces típicos del país andino.
En la sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, se considera probado que el pasado 4 de marzo de 2007 la procesada C.A.A., que había volado de Argentina a España, hasta el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, vía Madrid, transportaba en un bolso de mano y una maleta la droga bajo la apariencia de los alfajores
Ésta debía hospedarse en un hotel de la capital, donde ese mismo día el acusado C.A.C.M. pasaría a recoger la droga, y la transportaría, auxiliado por los otros dos inculpados, H.J.H.G. y J.F.L.S., en un vehículo hacia un destino no determinado.
La mujer actuaba de correo a cambio de 3.000 euros más gastos de viaje, J.F.L.S. se encargaría de transportar la sustancia por el territorio español hasta su destino, porque por su condición de guardia civil enseñaría su carnet profesional para que no le registraran el coche, mientras que H.J.H.G. llevó en su vehículo a C.A.C.M., que era el que tenía «una mayor jerarquía en el grupo».
La operación fue sin embargo abortada por la Guardia Civil, que detectó la droga que la mujer llevaba en su equipaje ya en el aeropuerto, donde ésta confesó a los agentes que debía de entregarla a un hombre en un hotel. Entonces se montó un dispositivo en torno al establecimiento, en espera de la persona que debía recoger la maleta.
Así, al llegar C.A.C.M. y preguntar por la mujer un agente vestido de recepcionista le indicó en qué habitación encontrarla. En la estancia, sin embargo, otra agente se hizo pasar por ella, a quien preguntó dónde estaba la maleta, momento en el que otros dos guardias civiles le detuvieron, procediendo a continuación al arresto de los otros dos.
Cada uno de los cuatro procesados tendrá que cumplir condena de nueve años de prisión por un delito contra la salud pública y abonar además una multa de 1.345.360 euros.

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