GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Alhendín (Granada), personado como acusación popular en el conocido como caso «Marchelo», ha pedido que se investigue el patrimonio de los 15 imputados en la causa, entre los que se encuentran el ex alcalde del PP, José Guerrero, y el que fuera edil de Urbanismo Manuel Fernández, pero también a sus familiares, como posibles testaferros.
Así lo solicitó hoy en rueda de prensa el actual primer edil de la localidad, el socialista Miguel Ángel Gamarra, que consideró además necesario que se depuren las responsabilidades jurídicas de los acusados en otros asuntos diferentes a los que el juez que investiga la trama de corrupción en el municipio, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, ha contemplado en su auto de procedimiento abreviado, conocido hace unos días y que coloca a los imputados, entre los que figuran conocidos empresarios, el arquitecto municipal y dos ediles más, a un paso de ser juzgados.
Entre otras conductas supuestamente delictivas, el Ayuntamiento considera que deben investigarse los fraccionamientos de pago –que han situado al Consistorio en una situación económica delicada–, la adjudicación supuestamente irregular de la piscina cubierta, y la aprobación inicial por parte del anterior equipo de gobierno para modificar el plan urbanístico para cambiar el uso de la parcela que ocupaba un colegio de equipamiento docente a residencial. Gamarra apuntó que el Ayuntamiento mostrará al juez que estos asuntos tienen «relevancia penal» y, en el caso de que no estimara su petición, se dirigirá a la Fiscalía «para que estas cosas no se queden en el tintero».
Asimismo, el alcalde de Alhendín señaló como «necesario» que se haga un «análisis concienzudo» de las empresas supuestamente implicadas y sus ingresos. «No es justo que cualquiera de estas personas imputadas puedan esconder ni un solo euro. Existen muchas cantidades económicas, muchas cuentas corrientes, muchas cajas que todavía no hemos encontrado», dijo el alcalde, que volvió a incidir en que la trama ha causado al Ayuntamiento un quebranto económico de unos 25 millones de euros.
El alcalde de Alhendín pidió además, ya en el ámbito de lo político, responsabilidades al actual presidente local de los «populares» en el municipio, Francisco Rodríguez Guerrero, sobrino del anterior alcalde. Fue como presidente del PP entonces «cooperador político necesario», porque sin su «connivencia» no se hubieran podido cometer las irregularidades que azotaron el municipio, a su entender.
Además, el vicesecretario general del PSOE en Granada, Juan Manuel Fernández, preguntó al PP por el destino de los 25 millones de euros «que se han colado por el agujero que fabricaron» sus dirigentes y acusó a los «populares» de actuar «al puro estilo del PP», consistente en acusar a las instituciones de una «doble vara de medir» y no adoptar medidas contundentes, como, por ejemplo, en el caso «Gúrtel».
EL AUTO DEL JUEZ
En el auto que transforma las diligencias previas a procedimiento abreviado del Juzgado de instrucción 2 de Santa Fe, el juez Miguel Ángel Gómez Torres ve relevancia penal en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de una gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque municipal-mercadillo del municipio.
En cuanto al primero, el instructor considera que existen indicios fundados para entender que, desde septiembre de 2003, al tiempo de la constitución de la sociedad mercantil Parque Empresarial Alhendín S.L., existió el compromiso de los socios fundadores de la sociedad y del concejal de Urbanismo de que éste recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5 por ciento «a modo de comisión por su intermediación en la operación».
Con respecto a Novosur ve también «indicios racionales suficientes» para poder afirmar que el ex edil de Urbanismo pudo haber recibido «en su propio provecho» una dádiva del promotor de la urbanización Novosur, Fernando Rafael R.A., consistente en una vivienda en Armilla (Granada) valorada en 340.000 euros y que era propiedad de una sociedad que administraba el promotor. Éste fue el domicilio en el que se detuvo al ex concejal de en marzo de 2007.
Sobre las servidumbres aéreas señala que el exceso de altura en los bloques de FRAi «carecen de trascendencia penal», si bien decide continuar adelante en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que no se descartaba esa relevancia. De la gasolinera estima que el ex alcalde se valió de su condición política para lograr que se recalificaran unos terrenos de su propiedad que había vendido por 60.000 euros más una cantidad que estaba condicionada «a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio» y en el caso del parque municipal el juez observa que se quebrantó el principio de libre concurrencia y de igualdad en el concurso público para adjudicárselo a la empresa Tarje.

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