GRANADA, 07 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Justicia y Administración Pública se desvinculó hoy de la investigación privada que revela indicios de la existencia de una fosa común de pequeñas dimensiones en el parque público de Alfacar, en la zona donde supuestamente están enterrados el poeta Federico García Lorca, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, y el maestro republicano Dióscoro Galindo.
Estos estudios, llevados a cabo el pasado 25 de septiembre por el experto en localización de fosas Luis Avial, director de la empresa Cóndor Georradar, han desvelado que el posible enterramiento cuenta con tres separaciones, tiene capacidad para unos cinco o seis cuerpos, longitud máxima de seis metros de largo por dos de ancho y una profundidad de 0,9 metros.
Al respecto, fuentes de la Consejería señalaron a Europa Press que la Junta «no tiene nada que declarar» e incidieron en que el estudio encargado al Instituto Andaluz de Geofísica, dependiente de la Universidad de Granada, es riguroso y «exhaustivo», puesto que se ha prolongado durante más de semana y media, y ha conllevado el análisis del terreno «cada 20 centímetros».
La Administración Autonómica no tiene en propiedad los terrenos donde se cree que está ubicada la fosa, si bien a partir del 14 de octubre, cuando se firme el protocolo a cinco bandas para definir los pasos a seguir para la exhumación, Justicia sí podrá disponer de los mismos para poder trabajar en la zona, acotándola e instalando una carpa para garantizar la privacidad.
«COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD»
En el protocolo de actuación de exhumaciones de fosas donde se hallen víctimas de la Guerra Civil y las posguerra, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se recoge que los trabajos habrán de desarrollarse «con el compromiso de confidencialidad» de todos los intervinientes, «al objeto de preservar el respeto de las víctimas, la dignidad de los restos y los derechos de los familiares».
Así, la Consejería de Justicia y Administración Pública considera «fundamental» el establecimiento de un perímetro de seguridad, balizado y protegido para evitar el deterioro o el expolio de los restos, y al que sólo tenga acceso el personal autorizado, haciendo hincapié en el hecho de que «se debe poner especial cuidado y meticulosidad en la conservación y no deterioro de los materiales extraídos».
De igual modo, apunta que, una vez se realice el levantamiento de los restos, los expertos elegirán muestras que sean «significativas» para proceder a la identificación e individualización de los hallados y que permitan un mejor análisis para los fines del protocolo.
Además, y en cuanto al resto de los hallazgos, indica que si no fuera factible su traslado al laboratorio que realice los análisis, serán llevados hasta el cementerio del municipio, al lugar que el Ayuntamiento especifique, o se mantendrán debidamente protegidos y referenciados en el lugar del enterramiento.

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