GRANADA, 28 (EUROPA PRESS)
La patronal de la construcción, que ha sido llevada a juicio por los sindicatos por el supuesto incumplimiento del convenio colectivo del sector, consideró hoy «improcedente» la demanda de los trabajadores, teniendo en cuenta que la situación económica ha cambiado con respecto a la fecha de la firma del acuerdo entre las partes, mientras que los sindicatos CCOO y UGT no descartaron acudir a la vía penal.
En la vista, que estaba prevista hoy en la Sala de lo Social del TSJA pero que tuvo que ser trasladada a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por problemas de espacio, los abogados de la patronal insistieron además que en el convenio pactado no se acordó una subida salarial del IPC previsto y el 1,5 por ciento más, como sostienen los demandantes, sino que se determinó que seguiría manteniéndose el «poder adquisitivo» de los empleados, lo que se traduce en el IPC real.
De hecho, los dos representantes legales de los constructores apuntaron que sería un «ejercicio de responsabilidad» que el convenio, con vigencia hasta 2011, se aplicase una vez que se conozca el IPC real en próximas fechas, puesto que además el Gobierno no ha publicado con anterioridad previsiones del IPC de 2009.
El IPC, según mantuvieron hoy los letrados, se contempló en el convenio suscrito «como estimador del coste de vida, no como una subida salarial», por lo que, en todo caso, el incremento sería del 1,5 por ciento en los salarios independientemente de que el IPC baje o suba.
La patronal considera en este sentido que el pago de un 3,5 por ciento a los trabajadores (el 2% del IPC previsto más el 1,5 que reclaman los sindicatos) supondría «perjudicar más a un sector que ya está de por sí perjudicado», y podría implicar «medidas más traumáticas», puesto que «habría que compensar ese exceso de gasto».
Por su parte, los representantes de CCOO y UGT apuntaron que la demanda ha sido interpuesta porque la patronal se niega a cumplir lo que el convenio de la construcción establece en su articulado para 2009, que es el incremento del 1,5 por ciento en las tablas salariales más el IPC previsto, además de la actualización de las dietas. «No cabe ningún otro tipo de interpretación más que se ha incumplido lo acordado», incidió el letrado de UGT, que concluyó que la subida ha de establecerse en un 3,5 por ciento con fecha 1 de enero de 2009.
VALORACIONES DE LOS SINDICATOS
Momentos antes de iniciarse la vista, el secretario general de la Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO de Andalucía, Ángel Gómez, aseguró a los periodistas que el conflicto, que afecta a más de 35.000 trabajadores, está suponiendo un ahorro a los empresarios de la construcción de 23 millones de euros desde el 1 de enero, que se elevarán a 30 millones si continúa la misma situación a finales de año.
«No se acuerdan ya de las grandes fortunas que han amasado en los últimos años y sin embargo ahora quieren poner de relieve una situación de crisis», señaló Gómez, que recordó que en siete de las ocho provincias andaluzas –en Huelva no– los sindicatos han denunciado el incumplimiento del convenio general.
El secretario general de la Federación de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, incidió además en que la actitud de los empresarios es «codiciosa y avariciosa» puesto que tras unos beneficios «vergonzosos» incumplen el convenio, adeudando unos 500 euros a cada trabajador.
En ese sentido, los sindicatos no descartan llevar el asunto a la vía penal «porque las actuaciones de los empresarios están tipificadas en el Código Penal» y, en el caso en el que la sentencia del juicio celebrado hoy sea favorable, pedirán su ejecución inmediata.

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