GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
El Colegio de Arquitectos de Granada advirtió hoy de que recurrirá la contratación de Rafael Moneo para la construcción de la estación del AVE si ésta no cumple con las condiciones contempladas en la Ley de Contratos de la Administración Pública.
Así lo señaló hoy en rueda de prensa el decano de este órgano colegiado, Emilio Herrera, quien dudó de que Moneo cuente ya con bocetos para la edificación si no ha sido contratado ya. En ese caso y como el propio diputado socialista Manuel Pezzi ha reconocido que no hay nada firmado, el encargo habría sido verbal y éste «lo prohíbe expresamente la ley» tratándose de una obra pública.
Según consideró Herrera, «el señor Moneo no puede tener ningún encargo. Si lo tiene y es verbal es ilegal y si lo tiene escrito no se habría hecho con los procedimientos establecidos por la ley, y por tanto no tendría la corrección legal necesaria». Así, aunque la ley prevé contratos concertados que la Administración puede usar en algunas ocasiones por razones de tipo artístico, esta excepción «no es aplicable» en este caso, por lo que la adjudicación debería determinarse por concurso público.
Por ello, los arquitectos, que remitieron una carta al Ministerio de Fomento y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) preguntando por el asunto el pasado 29 de mayo sin obtener respuesta, recurrirán la contratación por la vía administrativa y posteriormente en el ámbito contencioso-administrativo si se «descubre» que la adjudicación a Moneo no se ha hecho ajustándose a la normativa.
Herrera señaló que el Colegio de Arquitectos tuvo conocimiento de que Moneo iba a construir la estación el mismo día en que la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, lo anunció en Granada, el pasado mes de marzo. La noticia provocó una reacción «positiva» en el Colegio, en cuanto a que la obra se había encargado «a uno de los mejores arquitectos de Europa», si bien consideró que el contrato se debía resolver por los medios legales.
«Nos encantaría que fuera Moneo quien hiciera la estación, pero con encargo legal», incidió el decano, quien informó de que el 24 de marzo la Junta de Gobierno del Colegio entendió que, de ser cierta la noticia anunciada por Álvarez, «se podría incumplir con tal adjudicación directa lo dispuesto en la legislación sobre contratación en el sector público, además de vulnerar los legítimos derechos de los profesionales arquitectos», por lo que se acordó ejercitar las correspondientes actuaciones.
Fue entonces, el 20 de mayo, cuando el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España envió un escrito a Fomento y otro a ADIF para que se informara de la situación y reclamando la convocatoria de un concurso que se ajustara a los principios de publicidad, transparencia y libre acceso. En ese sentido, Herrera desmintió que los arquitectos granadinos hayan mostrado ahora su posición a los medios de comunicación «para echarle una mano al alcalde de Granada», que ha pedido también a Fomento a través de una carta que se le informe si el proyecto de la estación se ha adjudicado definitivamente a Moneo.
Herrera informó además de que la convocatoria de un concurso público no demoraría en exceso la puesta en marcha de las obras, puesto que «no debería de pasar más de tres meses en un concurso de ideas si se quiere hacer con agilidad», por lo que insistió en que ese debería ser ahora el trámite, puesto que de lo contrario, si Moneo estuviera ya trabajando en el proyecto, como ha afirmado el diputado Manuel Pezzi, se estaría cometiendo una «irregularidad administrativa tremenda».
Los arquitectos presentarían el recurso contra la adjudicación a Moneo en el momento en el que se constatara su posible ilegalidad, por lo que están a la espera de que se concrete la situación, para lo que además ya han anunciado que se pondrán en contacto con el despacho del arquitecto, Premio Pritzker de Arquitectura, para informarse por parte del propio Moneo y para explicarle que la posición del Colegio no es «en modo alguno agresiva hacia él», sino «solamente en defensa de una posición legal, beneficiosa para todos».

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