GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
El promotor del Parque Comercial Nevada, Tomás Olivo, iniciará mañana los trabajos para asegurar la estructura del edificio, después de que el juez instructor de la causa que investiga supuestas irregularidades en su tramitación autorizara tomar ciertas medias «imprescindibles para obtener su seguridad y estabilidad», como la conclusión de uniones no terminadas, limpieza, soldadura y atornillado, tal y como avanza hoy «La Opinión de Granada».
Así lo confirmó a Europa Press el alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez, quien señaló que, tras darse a conocer el auto del magistrado Miguel Ángel del Arco, Olivo –imputado en la causa– remitió un oficio al Ayuntamiento por el que pedía permiso para comenzar las obras mañana miércoles, día 12 de agosto.
El Ayuntamiento de la localidad en la que se ubica el Nevada enviará a un técnico municipal para que pueda constatar que las medidas que se adoptan son las de seguridad, y que los trabajos se ciñen a la autorización judicial. Aunque en principio no hay un estimación exacta de por cuánto tiempo se podrán prolongar, Sánchez consideró que en unos días el aseguramiento de la estructura estará concluida.
El alcalde de Armilla consideró además que las medidas que se adoptarán servirán de «tranquilidad» de los vecinos, porque mejorarán la seguridad del entorno.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada accedió parcialmente a la petición del promotor «General de Galerías Comerciales» para acometer estos trabajos, en los que se podría incluir el atornillamiento de las chapas a la estructura y tras los que Olivo deberá retirar de la unidad de la obra todos aquellos elementos sueltos que puedan suponer un riesgo en materia de seguridad.
El magistrado no consideraba «imprescindibles» otras labores como la colocación de impermeabilización en la zona de cubierta existente, ni la conclusión de cerramiento perimetral de las zonas donde se encuentra realizada la cubierta de la planta alta, así como tampoco ninguna labor tendente a «efectuar lo envolvente de lo ejecutado a nivel de planta alta», en los cerramientos laterales y cubiertas.
SIN AUTORIZACIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
Del Arco no permitió cerrar la estructura al entender que si las chapas se desprendieran de la cubierta por el viento caerían en sentido vertical, dentro de una zona que está protegida «o debiera estarlo» con una valla de seguridad, «pero nunca lo harían en sentido horizontal contra las casas colindantes o los vecinos».
«Puede ser un exceso de imaginación exponer que este material, como si la construcción estuviera en una zona caribeña, pueda salir volando», añade el juez en un extenso auto en que hace un exhaustivo repaso del caso desde que el 31 de octubre de 2006 el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada ordenara la paralización de las obras.
Argumentó además que la estructura no está «en ruina inminente», como indicó en su día el promotor para justificar la petición de obras de seguridad, y se pregunta si en vez de realizarlas «no sería más fácil e incluso más económico desmontar» la estructura, a la vista de la petición de demolición de la Fiscalía y ante «la inmediatez del juicio oral que por determinadas partes se está intentado dilatar».
El Juzgado de Instrucción 6 de Granada transformó el pasado 21 de enero en procedimiento abreviado las diligencias abiertas en el Caso Nevada, lo que supone que los imputados, entre los que se encuentra el que fuera alcalde de la localidad José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate, y el promotor de la construcción, Tomás Olivo, están a un paso de ser enjuiciados.
La Fiscalía, que imputa a un total de once personas, solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando a Morales Cara y a Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que pide penas de dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción –también imputado en el «Caso Malaya»– lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

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