GRANADA, 10 (EUROPA PRESS)
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, dijo hoy que la decisión de autorizar o no la exhumación de la fosa donde supuestamente están enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí corresponde a la Justicia y no a su departamento, puesto que «no se trata de una zona arqueológica sino de enterramientos contemporáneos».
A preguntas de los periodistas, la consejera se refirió a la intención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de presentar a Cultura un estudio arqueológico para solicitar los permisos para exhumar la citada fosa, en el marco de un procedimiento administrativo en el que también ha pedido autorización a la Diputación de Granada, propietaria de los terrenos donde supuestamente se encuentra esta sepultura común.
La asociación explicó en su día a Europa Press que esta actuación se platea como «algo similar a un yacimiento» –motivo que justifica la petición a Cultura–, aunque Torres aclaró hoy que este asunto «no es competencia» de su departamento puesto que «no se está hablando en ningún caso de una zona arqueológica sino de enterramientos contemporáneos».
Torres mostró su respeto tanto a las familias que desean recuperar los restos de sus antepasados –la de Galindo y Galadí– como a la familia Lorca, que aunque no es partidaria de la exhumación aseguró hace unos meses que no se interpondrá al proceso.
Cuando la consejera fue preguntada se encontraba acompañada por la sobrina nieta del poeta, Laura García Lorca, que si bien no opinó sobre este asunto, sí asintió con la cabeza cuando Torres manifestó «su absoluto respeto» a las personas que «piensan de otra manera», esto es, que desean la apertura de la fosa.
ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
Fue el pasado mayo cuando la asociación decidió seguir un proceso administrativo paralelo al judicial a fin de obtener los permisos necesarios por parte de la Diputación de Granada y la Junta de Andalucía, tras conocer que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y, concretamente la apertura de la citada fosa, por no verse competente.
El caso volvió a la Audiencia Nacional y hace unos días el juez Baltasar Garzón planteó al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia para que decida quién debe autorizar la exhumación.
El vicepresidente de la ARMH en Granada, Rafael Gil Bracero, explicó en su día a Europa Press que ya se está tramitando la solicitud a la Diputación de Granada y ahora se están «dando las últimas pinceladas» al estudio que se presentará a Cultura en menos de 15 días.
Se trata de un «exhaustivo documento» que incluye desde el estudio con georradares que precede a cualquier intervención en el subsuelo hasta el protocolo a seguir una vez que se localicen signos que evidencien la presencia de la citada fosa, así como la colaboración de la Guardia Civil para evitar «un circo mediático».
Bracero consideró en ese momento que el proceso administrativo tiene «más posibilidades de sacar resultados positivos» que la vía penal, si bien las declaraciones de la consejera apuntaron hoy lo contrario.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí