GRANADA, 30 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales la pena de once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex diputado del PP José Luis del Ojo por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación en su etapa como concejal de urbanismo en Ogíjares (Granada), cuando supuestamente contrató de manera irregular varias obras municipales.
La petición del Ministerio Público se produce después de que la Audiencia Provincial reabriera el caso tras el archivo decretado por el Juzgado de instrucción 5 de Granada, que volvió a instruir la causa, que limitó a la adjudicación de la Casa de la Cultura y a unas obras fraccionadas de distintas calles de Ogíjares, dejando fuera de las supuestas irregularidades en la piscina cubierta y el pabellón deportivo.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, en el mes de julio de 2005 Del Ojo, en su condición de alcalde en funciones, y durante las vacaciones del entonces regidor, Francisco Plata, encargó «verbalmente» a la empresa constructora «García Mejías» la realización de determinadas obras en la Casa-Ayuntamiento, plaza del pueblo y calles Real y Veracruz de Ogíjares, y a la empresa «DH2G Reparaciones Estructurales S.L.U.» la reforma de la calle Real Baja, trabajos que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto y el 19 de septiembre de ese año.
Al tener todos estos contratos la condición de «menores», ya que su cuantía era inferior a 30.020,61 euros, la tramitación de su expediente sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas correspondientes y el presupuesto de las obras. Sin embargo, el acusado, según el relato fiscal, «a sabiendas de la necesidad de estos requisitos» y «con el fin de favorecer a las empresas mencionadas», adjudicó «directamente» las obras sin el cumplimiento de los trámites necesarios y «sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación o de la Intervención, eludiendo de esta forma los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación».
Además, el ex diputado, «con el fin de que los contratos mencionados tuvieran cada uno esa cuantía inferior a los 30.020 euros» y «obviar» los trámites más estrictos de su contratación por cantidad, hizo que por parte de técnicos del Ayuntamiento se emitieran los informes necesarios para avalar su fraccionamiento, en base al artículo 69 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que permite fraccionar el objeto del contrato realizando independientemente cada una de sus partes. Para el Ministerio Público esto no fue más que un «subterfugio» para de esta forma eludir los trámites que, para la contratación de obras por importe superior, impone la citada ley.
Igualmente, el ex edil dio las «órdenes oportunas» a los técnicos municipales para que la factura de la fuente de la calle Veracruz, que era la única que superaba los 30.020 euros –en concreto era de 31.292,29 euros–, se modificara por una cuantía de 26.926 euros, y así su contratación siguiera estando dentro de la categoría de «contrato menor».
COMPROMISO «VERBAL» PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
Coetánamenente a estos hechos y «siempre en su condición de concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ogíjares llegó a otro «compromiso verbal» con al empresa constructora UCOP para la construcción de la Casa de la Cultura en el municipio.
«Para evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación, de suerte que no hubiera más disyuntiva que su atribución a UCOP por la Mesa de Contratación a pesar de que se encontraba en peores condiciones que otras empresas concurrentes, el acusad llevó a cabo un procedimiento claramente arbitrario que conculcaba la transparencia en la contratación», señala el fiscal Javier García Rull en su escrito, hecho público hoy.
Así, el 25 de abril de 2005 De Ojo consiguió que s publicara en el Boletín Oficial de la Provincia el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación mediante concurso de la redacción del proyecto y adjudicación de obras. En tal pliego no se indicaba «en ningún momento» que existieran dos fases.
El 23 de mayo de 2005 la empresa UCOP remitió un modelo de proposición económica por 186.109,99 euros como oferta para el concurso. Sin embargo, el 4 de octubre la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó la adjudicación del contrato para la construcción de la Casa de la Cultura a UCOP por 606.000 euros, «cantidad que nada tenía que ver con el coste real de las obras».
El 10 de febrero de 2006 de nuevo la Junta de Gobierno aprobó el gasto total de la obra, distinguiendo una primera fase, la adjudicada a UCOP, y otra segunda por 3.580.109,99 euros, también adjudicada a UCOP, «justo la diferencia por la que salió a concurso».
De este modo, considera el Ministerio Público, el procesado consiguió llevar a cabo el compromiso verbal previamente adquirido, al no poderse adjudicar la segunda fase a una empresa distinta de la que tuviera adjudicada la primera, en este caso a UCOP.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia del PSOE contra el ex alcalde Plata –que la Audiencia no consideró culpable de ningún delito y que ya no está encausado– y Del Ojo, que la Fiscalía consideró «instigador y responsable material de las actuaciones».
La apertura de las diligencias le llevó a dimitir como concejal de Urbanismo en octubre de 2006, cuando señaló que renunciaba su acta «única y exclusivamente» por la «injusta persecución mediática» a la estaba siendo sometido, a su juicio, y que obedecía, según dijo entonces a una «estrategia en la que se han cobrado trofeos sin piezas».

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí