GRANADA/MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha planteado al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia por la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo para que decida quién es competente para autorizar la apertura de la fosa donde se supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca, situada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que ha remitido al alto tribunal una exposición razonada que quedó registrada el pasado día 26, ha tomado esta decisión después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada devolviera a su Juzgado el pasado mes de mayo la instrucción de la causa, al considerar que el tribunal granadino no era el adecuado para investigar delitos de crímenes contra la humanidad y decidir por tanto sobre la apertura de la fosa, en la que también se encuentran los restos del maestro republicano Dióscoro Galindo y los de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
La Sala de Causas Especiales de lo Penal del Tribunal Supremo va a tramitar esta petición en los próximos días y señalará una fecha para deliberar esta cuestión, tras lo cual dictará un auto en el que decidirá cual de los dos tiene competencia sobre la causa.
El pasado 29 de mayo se hizo pública la decisión de la juez Aurora María Fernández García de no admitir la inhibición del juez Baltasar Garzón, al no verse competente en el caso de las fosas comunes del franquismo, concretamente en el caso en la que supuestamente está enterrado García Lorca, al enmarcarse dentro de lo que puede considerarse como «crímenes contra la humanidad», según informaron entonces a Europa Press fuentes jurídicas.
Daba así la razón a la visión que en primer término tuvo Garzón, que se declaró el 16 de octubre competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
LA FISCALÍA DE GRANADA RECURRIÓ
Tras esa decisión, la Fiscalía presentó un recurso, que fue rechazado el pasado día 26, en el que señalaba que el objeto de la investigación se refiere a la desaparición de personas a través de detenciones ilegales sin dar razón del paradero de sus víctimas en relación a las posibles fosas existentes en Víznar, Alfacar y Las Gabias, delitos cuya competencia no corresponde a la Audiencia Nacional «sino a los diferentes órganos judiciales territoriales» en los que se hayan cometido.
En alusión a lo que alegó la juez granadina, que no se veía competente para tomar una decisión al respecto por tratarse de «crímenes contra la humanidad», la Fiscalía señaló que los crímenes de genocidio y lesa humanidad son perseguibles «obviamente» cuando se han cometido en territorio español, «pero por el órgano de la jurisdicción que corresponda de acuerdo con los criterios ordinarios de delimitación de competencias», que atribuyen la responsabilidad a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de Instrucción de todas las causas por delito.
La Audiencia Provincial de Granada no admitió el recurso de queja presentado por la Fiscalía argumentando que como la juez rechazó la inhibición propuesta en su día por la Audiencia Nacional en el curso de un procedimiento abreviado, contra él cabría un recurso de apelación y no de queja. Aún así, los magistrados precisaron que de admitir a efectos «retóricos» que aquel auto fuese recurrible, «lo que resulta incuestionable» es que el recurso no puede solicitar que la Audiencia decida qué juzgado es el competente «pues ello sólo puede hacerlo el superior jerárquico común a ambos».

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