Se observa cierta «laxitud» en las pericias aportadas por organismos públicos en la materia
GRANADA, 21 (EUROPA PRESS)
Los delitos contra la ordenación del territorio han centrado en 2008 la actuación de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada, puesto que de las 124 diligencias de investigación incoadas en el pasado año, 104 lo fueron en esta modalidad delictiva, que mantiene la tendencia de los últimos años, según consta en la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, consultada por Europa Press.
El elevado número de diligencias por estas causas se mantiene en parte por la tendencia «importante» de las Administración Públicas a denunciar este tipo de hechos, especialmente los Ayuntamientos, teniendo en cuenta además que alguno de ellos, como el de Loja, han formado equipos de urbanismo para perseguir estas conductas delictivas, «con resultados positivos», lo que supone una mayor sensibilidad observada también por el Ministerio Público en el caso de los particulares.
Otro elemento de interés suscitado en 2008 se refiere a la inadmisibilidad de la personación como acusaciones por los delitos medioambientales de los ayuntamientos, puesto que «muchas veces tras un cambio de partido en el gobierno de la corporación, pretenden intervenir en los procedimientos penales contra los anteriores responsables políticos del municipio». Así, la Fiscalía de Medio Ambiente se muestra contraria a este tipo de personaciones, al entender que la jurisprudencia en este sentido no admite ninguna forma de acusación particular, ni tampoco la acción popular de los entes públicos.
Por otro lado, es «fundamental» la «persistencia» del Ministerio Público en la impugnación de resoluciones desfavorables que considera erróneas, «pues sólo así puede llegarse en el futuro a una mayor sensibilidad» de los tribunales provinciales frente a la delincuencia medioambiental.
Para la Sección de Medio Ambiente, el principal «escollo» que a veces tiene el pronunciamiento condenatorio es el contenido de las pericias aportadas por organismos públicos competentes en la materia, en los que en ocasiones se aprecia una cierta «laxitud o condescendencia con la conducta contaminante», procediéndose a veces a verdaderas legalizaciones con cambios de criterio sorpresivos. La unión de estos sumandos, incide el Ministerio Público, deja en no pocos asuntos –precisamente los que más dedicación requieren– a los fiscales de la Sección con una cierta sensación de «soledad».
Con respecto a las diligencias de investigación penal relativas a los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, la tendencia es similar a la del año 2007, con una subida de dos diligencias (11 en total), investigaciones que recaen sobre todo en vertidos. En materia de patrimonio histórico se han incoado cuatro diligencias, todas ellas relativas al esclarecimiento de hechos acaecido en el barrio del Albaicín, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

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