GRANADA/MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha incluido el «aval» de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que rechazaba la inhibición en el caso de la exhumación de las fosas comunes, en el recurso presentado contra la querella por prevaricación, que el Tribunal Supremo admitió tras la denuncia del sindicato Manos Limpias.
En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el abogado del magistrado alude al auto de la jueza, en el que ésta señala que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que define las competencias de la Audiencia Nacional, «lleva necesariamente a afirmar la competencia para la instrucción y enjuiciamiento posterior de los delitos de esta naturaleza a los Juzgados Centrales de Instrucción y posteriormente a la Audiencia Nacional, pues si la competencia se atribuye para delitos de lesa humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, con más razón cuando el delito es realizado en España».
«Con estos antecedentes no parece que la decisión de Garzón, avalada por otros magistrados, y no cuestionada como extravagante o absurda por quienes resolvieron sobre ella, merezca que se incoe una instrucción penal pretendiendo ver indicios de prevaricación», señala el abogado del juez, Gonzalo Martínez Fresneda.
En el escrito se explica además que la intención de Garzón «siempre» fue la de «garantizar la tutela judicial de las víctimas» y por ello aceptó sus denuncias, incoó unas diligencias previas, se declaró competente para la instrucción, comprobó si los presuntos culpables habían fallecido y, tan pronto le hubo constado de forma fehaciente el fallecimiento de los mismos, «declaró, sin demora, la extinción de sus posibles responsabilidades e inhibirse a favor de los tribunales competentes».
El pasado 29 de mayo se hizo pública la decisión de la juez Aurora María Fernández García de no admitir la inhibición de Garzón, al no verse competente en el caso de las fosas comunes del franquismo, concretamente en el caso de la fosa en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca, al enmarcarse dentro de lo que puede considerarse como «crímenes contra la humanidad», según informaron entonces a Europa Press fuentes jurídicas.
Daba así la razón a la visión que en primer término tuvo Garzón, que se declaró el pasado 16 de octubre competente para investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.
La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica ya ha anunciado que acudirá a la vía administrativa para que sea posible la exhumación en los terrenos propiedad de la Diputación y para solicitar la autorización del estudio arqueológico a la Delegación Provincial de Cultura.
La Diputación de Granada, propietaria de los terrenos donde se encuentra la fosa, entre Víznar y Alfacar, ya ha asegurado que no será «nunca» un impedimento siempre que la ley ampare la actuación, mientras que la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, consideró hoy «lícita» la medida planteada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, aunque rehusó pronunciarse más al respecto.

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