GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha condenado a la pena de nueve meses de cárcel y multa de 2.000 euros a la ex asesora del Ayuntamiento de Monachil (Granada) por la comisión de delito de tráfico de influencias que cometió al convencer al gobierno local para contratar servicios de la empresa de la que era socia, después que un jurado la declarara culpable el pasado 11 de marzo.
La Sección Segunda ordena además la inhabilitación de Eva Patricia E.T. para ejercer el mismo cargo que ya tuvo por un periodo de cinco años y la obliga igualmente al pago de las costas procesales causadas.
En la resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala considera probado que la acusada, nombrada asesora en régimen de dedicación exclusiva el 22 de junio de 2004, propuso al entonces alcalde, que es también su tío, y a la edil de Fiestas, que el Consistorio contratara a la empresa Dodacae Gestiones Hosteleras S.L., de la que era accionista y socia fundadora.
Entre el segundo semestre de 2004 y primer trimestre de 2005 el Ayuntamiento abonó a la mercantil un total de 10.968,13 euros en cantidades fraccionadas en 16 facturas, dos de las cuales fueron ingresadas en la cuenta personal de la procesada.
El jurado, que emitió su veredicto de culpabilidad por siete votos a favor y dos en contra, consideró que la ahora condenada fue la que introdujo la empresa en el Consistorio.
El hecho de que la mercantil Dodacae no hubiera sido la adjudicataria de ninguna prestación con anterioridad a su nombramiento llevó además a los integrantes del tribunal popular a asegurar que la inculpada fue la que propuso al regidor y también a la entonces edil de Festejos, Lourdes M.T..
Asimismo, en base a que su firma constaba en algunas propuestas de gastos como solicitante, el tribunal señaló que hay «elementos de juicio suficientes» para considerar que tanto el alcalde como la edil pudieran relacionar a la entonces asesora con la empresa que se adjudicaba la contratación de eventos.
Desecharon así el argumento de la defensa de que desconocían esa situación, algo que «no se ha podido probar» en la prueba testifical.
El fiscal, que pedía para Eva Patricia E.T. una pena de diez meses de cárcel y multa de 11.000 euros por un delito de tráfico de influencias, rebajó entonces la cuantía de la multa, que estimó que debería rondar entre los 2.500 y los 3.500 euros, mientras que la defensa, por su parte, anunció que recurriría la sentencia.
La ex asesora negó en la primera sesión del juicio haberse valido de su cargo para que el municipio contratara los servicios que prestaba la empresa en la que era socia.
Reconoció que la mercantil Dodacae, en la que participaba en un 15 por ciento, no había prestado servicios antes de que ella fuera contratada como asesora en el Ayuntamiento, en junio de 2004, si bien señaló que en ningún momento se dirigió a su tío para presionarle o recomendarle que adjudicara eventos a la empresa, ya que fue el entonces concejal de Hacienda, Benjamín Rodríguez –el denunciante–, y una técnico de Fiestas los que le propusieron que Dodacae prestara sus servicios.

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