GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La acusación particular ha pedido la anulación de la sentencia de la Audiencia de Granada que absolvía a cinco promotores inmobiliarios y tres ex directivos del Granada CF que fueron juzgados por supuestas irregularidades en la venta del estadio de Los Cármenes al considerar que se hizo una «incorrecta interpretación» de la doctrina legal y hubo «error» en la valoración de la prueba.
En el recurso de casación interpuesto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación particular, ejercida por el ex presidente del Granada CF Alfonso Suárez, entiende que de la conducta de los entonces procesados se deriva la existencia de los delitos de maquinación para alterar el precio del marcado, societario, falsedad documental y utilización de documento falso, mientras que no solicita casación respecto a la absolución del delito de estafa, del que también los acusaba inicialmente.
La sentencia que se recurre valora «incorrectamente» la prueba, estima la acusación, al considerar en sus fundamentos de derecho, sin que se efectúe en el relato de hechos probados declaración expresa, una inexistencia de perjuicio para cualquier tercero, incluyendo socios, acreedores y al propio Granada CF, en virtud de los hechos enjuiciados.
La existencia del perjuicio económico para el Granada CF «se deriva claramente» de un informe emitido por un perito auditor, señala la parte, que recuerda también que al momento de otorgamiento de la escritura pública, el club no logró estar libre de deudas, tal y como se había acordado, si no que, por contra, tras la venta sufrió una serie de embargos y reclamaciones judiciales «provocados por la conducta de impago de la compradora».
La acusación particular estima además errónea la conclusión a la que llegó la Sala respecto al hecho de que Lazasur –la empresa que se adjudicó los terrenos– hubiera abonado todas las deudas, «olvidando» que la que mantenía el propio Alfonso Suárez aún se le debe y que, asimismo, los pagos realizados lo fueron tras el inicio de las acciones legales.
En cuanto al pleno del 22 de diciembre de 1995, por el que el Ayuntamiento acordó dejar libertad al club para vender el estadio, precisa el recurrente que así se hizo, pero con las condiciones urbanísticas y de edificabilidad previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada, con el compromiso de que se mantuviera una edificabilidad concreta y que la enajenación se llevara a cabo mediante un procedimiento de pública concurrencia, o subasta pública, con la presencia de un miembro de la corporación municipal.
«APARTARON» A LOS POSIBLES POSTORES
En la subasta que se celebró después, los acusados apartaron a los posibles postores mediante la exigencia de unas condiciones «inasumibles» para participar, «que inmediatamente son variadas», según consta en el recurso presentado.
«El hecho de que todo el mundo estuviera de acuerdo en la necesidad de venta del estadio, dada la cuantía de las deudas que tenía contraídas el Granada CF, en modo alguno implica que la forma en que se llevó a cabo la venta no fuera defraudatoria y perjudicial para los intereses del club», se señala.
En ese sentido, la acusación incide en que en la propia sentencia se reconoce el «exceso de mandato» de los directivos intervinientes, y el hecho de que llegaron a «falsear» las actas del club para compensar esta falta de mandato, «todo ello con el conocimiento, consentimiento y provecho de los compradores que antes habían participado en una subasta pública amañada, y que a la vez que celebraban esa subasta, e inmediatamente tras la misma, cambiaban sus condiciones de celebración en perjuicio del club y en beneficio de los compradores».
Reitera además, como así lo hizo la parte denunciante en su escrito de conclusiones provisionales, en la falsificación del acta de la asamblea de socios del 29 de agosto de 1995, que se utilizó, a sabiendas de su falsedad, «con ánimo de perjudicar» al Granada CF mediante la consumación de una compraventa en condiciones distintas «a aquellas que se contenían en las normas de pública subasta, adaptando éstas a las pactadas en documento privado desconocido para los socios del club, sin su necesaria autorización para llevar a cabo tal cambio de condiciones y en definitiva en su perjuicio».
En la sentencia de la Audiencia de Granada, que se dio a conocer en septiembre de 2008, la Sección Primera consideró, al igual que la Fiscalía y después de una década de instrucción del caso, que en la operación de compraventa de los terrenos no existían indicios de comisión de delito ni de reproche penal.
Sin embargo, el tribunal sí señalaba entonces que los directivos del Granada CF, «rebasando» el mandato que tenían, vendieron el estadio a Lazasur, sin intención de perjudicar ni a la entidad ni al Granada CF. «Otra cuestión es que no se hicieran las cosas como se debían», se indicaba.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí