GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 77 personas más como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa al Servicio Público de Empleo implicadas en el supuesto fraude a la Seguridad Social en Granada, por lo que son ya 179 los arrestados, sumados los 102 del pasado mes de diciembre.
Según informó la Policía en una nota, los reseñados, que figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral, han defraudado posiblemente 365.000 euros al obtener de forma irregular prestaciones y/o subsidios de desempleo, por lo que la cantidad total del supuesto fraude asciende a más 4,5 millones de euros.
Los arrestos se enmarcan en la denominada «Operación Genil», desarrollada en Granada, cuando se inició una investigación al detectar la existencia de un entramado de empresas, dedicadas supuestamente a la construcción que tenían una escasa o nula actividad laboral, pero que, sin embargo, habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores.
Tras comprobar los expedientes de desempleo de los trabajadores de las empresas investigadas se pudieron apreciar diversas circunstancias irregulares en cuanto a las solicitudes. En algunos casos eran dados de alta durante breves espacios de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras ocasiones lo hacían por el tiempo que les faltaba para devengar el periodo de carencia sin el que no se habría generado el derecho al cobro, o se trataba de trabajadores de los que se deduce que su actividad laboral está vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.
Los solicitantes de dichos expedientes manifestaron además desconocer de quién recibían instrucciones en su actividad laboral y no identificaron los lugares donde desempeñaban su trabajo. Tras ser dados de alta en alguna de las empresas del grupo, los 77 supuestos trabajadores –ahora detenidos– solicitaron al INEM las prestaciones y/o subsidios de desempleo, amparados en las supuestas actividades laborales realizadas.
MÁS DE UN MILLAR DE PRESUNTOS IMPLICADOS
La «Operación Genil», en el que ya están implicadas más de un millar de personas, ha destapado asimismo una posible trama para la obtención con filiaciones «ficticias» de permisos de residencia por parte de extranjeros.
La trama se diverge en tres ejes; por un lado, se investiga la cantidad que no se abonaba a la Seguridad Social por las filiaciones; por otro, se analizan las prestaciones percibidas por los trabajadores por desempleo; y finalmente, la utilización de las filiaciones tanto a la Seguridad Social como al INEM para conseguir permisos de residencia por un número de extranjeros que aún no se ha conseguido concretar.
El Juzgado de Instrucción 9 de Granada, en el que se sigue la investigación, ha pedido la personación de la Seguridad Social y el INEM como posible parte afectada, para lo que los organismos ya han designado a sus correspondientes letrados.
Entre los imputados se encuentran al menos cuatro empresarios ficticios, a los que se les atribuye un supuesto delito de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, mientras que a los trabajadores implicados se les considera presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
INEXISTENCIA DE OBRAS
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras –ya que las empresas pertenecen al sector de la construcción– que justificaran el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Tras una denuncia del INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado integrado por al menos doce empresas en la modalidad de subcontratas que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por el empresario C.I.A.N, con el que colaboraba J.R.C.C.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social.
En estas empresas, que tenían una escasa actividad laboral y en otros casos carecían de ella, habían sido dados de alta un número elevado de personas, que, si bien en algunos casos han declarado haber trabajado, no han logrado identificar los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. La mayoría son mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante. Otros no habían tenido actividad laboral anterior.
Tras prestar declaración, la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad con cargos, mientras que los supuestos empresarios, C.I.A.N. y J.R.C.C. pasaron a disposición judicial hace unas semanas, cuando el juez decretó su ingreso en prisión para el primero y dejó en libertad con fianza de 6.000 euros al segundo.
La operación, coordinada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, sigue abierta.

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