La juez considera que es el Ministerio de Fomento a quien le incumben las obligaciones de establecer «disposiciones mínimas de seguridad»
GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar (Granada) ha concluido la fase de instrucción del accidente en el viaducto de Río Verde de la A-7 en el que murieron seis trabajadores, por el que imputa a 12e personas, entre ellas al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, Juan Francisco Martín Enciso y el ingeniero director del proyecto de ejecución del tramo Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, responsables del Ministerio de Fomento.
La juez sustituta María Marta Cortés Martínez ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias abiertas sobre la supuesta falta de medidas de seguridad en la obra, que se desplomó en noviembre de 2005, y da a las partes diez días para que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la juez imputa a los responsables del Ministerio de Fomento mencionados y a los de las empresas constructoras del viaducto –la contratista principal UTE La Herradura y las mercantiles subcontratadas– de un delito contra la seguridad de los trabajadores, otro de homicidio imprudente y otro de lesiones imprudentes.
Se trata concretamente de los identificados como M.C.M; J.M.O.C; J.M.F.C.; J.A.S.C.; J.M.D.; C.S.S.; J.L.R.H.; E.C.T.M.; A.I.D.P. y J.M.L.M., responsables de la UTE, de «Estructuras y Montajes Prefabricados S.L» y «Puentes y Calzadas».
Según considera la juez, puede concluirse que las instrucciones para el mantenimiento y control de la cimbra era «insuficientes» y que la empresa contratista «no siguió una plan sistemático de control y seguimiento del estado de los equipos».
Tampoco consta que la mercantil «Estructuras y Montajes» «llevara a acabo acciones de supervisión y control respecto de las operaciones de inspección o revisión de la autocimbra», siendo el promotor de la obra, el Ministerio de Fomento, a quien le incumben las obligaciones de establecer «disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción».
LA CIMBRA DEBIÓ SER DESALOJADA
Existen así «indicios racionales de criminalidad suficientes» para las imputaciones, según se ha desprendido de las diligencias practicadas. Para la juez es «evidente» que, habiéndose producido como se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, «debió ser desalojada inmediatamente», sin que se permitiera que el personal no autorizado a los efectos de la reparación de esa deficiencia.
De los seis fallecidos, señala en el auto, cinco eran encofradores que se encontraban en la cimbra en el momento posterior a la avería y treinta minutos más tarde se produjo el colapso, por el que el viaducto se derrumbó. Incide asimismo en que resultaron «escasas e insuficientes» las especificaciones relativas a las precauciones de seguridad y el mantenimiento y la reparación en el manual de instrucciones de la autocimbra.
En ese sentido, el colapso de la cimbra del Viaducto de Río Verde tuvo como causas, según indica la juez en el auto de transformación a procedimiento abreviado, aspectos relacionados con los procesos de revisión y mantenimiento de la cimbra siniestrada y, a este respecto apunta que el Estudio de Seguridad y Salud elaborado por Fomento resultó «insuficiente», ya que no contenía mención alguna ni a la autocimbra ni a ningún otro equipo de trabajo, sin que conste además ningún tipo de control o seguimiento sobre la revisión de la misma.
Igualmente «insuficiente» fue el Plan de Seguridad de Seguridad y Salud elaborado por la UTE, sin que tampoco aludiera a las labores de revisión y mantenimiento de la cimbra, ni que se efectuaran estas tareas por personal acreditado.
El 7 de noviembre de 2005 la cimbra construida para soportar el encofrado del puente cedió precipitándose la plataforma más de cien metros arrastrando a los seis trabajadores–cinco portugueses y un español– que en ese momento habían comenzado el turno, siniestro que ahora será juzgado tras tres años de instrucción.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) La Herradura –formada por Azvi, Proder y Obras Subterráneas– subcontrató para la ejecución del viaducto donde ocurrió el accidente a la empresa gallega «Estructuras y Montajes Prefabricados», especializada en este tipo de obras, que a su vez subcontrató a la portuguesa Douro Montemuro.

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