GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
El PP de Granada pidió hoy al PSOE que explique su posible vinculación con el «caso Nevada», después de que el Juzgado de Instrucción 6 de Granada haya concluido la investigación de la posible tramitación irregular del Parque Comercial de Armilla (Granada) y mantenga las imputaciones contra el promotor Tomás Olivo, el que fuera alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara (PSOE), cinco concejales y cuatro personas más.
En ese sentido, la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, instó en rueda de prensa al secretario provincial del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, a que «dé explicaciones» y se pronuncie sobre la imputación de los delitos de prevaricación urbanística e infidelidad en la custodia de documentos públicos del ex alcalde y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, que también fue vicepresidente de la Diputación de Granada.
Asimismo, la dirigente «popular» pidió la dimisión «inmediata» de Morales Cara como presidente de Fermasa «porque no puede estar ni un día más cobrando del erario público» por su posible implicación en un caso de supuesta corrupción urbanística que «es el más grande y más vergonzoso de la provincia de Granada y de toda Andalucía».
Para el vicesecretario ejecutivo del PP de Granada, Antonio Ayllón, el juez instructor, Miguel Ángel del Arco, le ha dado la razón a los «populares», que presentaron inicialmente la denuncia por posible prevariación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio. Así, dijo que, a pesar de que estén «satisfechos» por el trabajo de su gabinete jurídico, desde el PP lamentan «profundamente» que se haya puesto «en entredicho» la democracia y el Estado de Derecho con la posible implicación de los que fueran cargos públicos cuando se llevó a cabo la tramitación del centro comercial.
Según consideró Ayllón, la Junta de Andalucía y el PSOE han sido «cómplices» del «caso Nevada», del que consideran también responsable «político» al ex delegado provincial de Medio Ambiente y actual alcalde de Armilla, el socialista Gerardo Sánchez, cuya implicación «levita» en el auto del juez, según señaló.
«Los socialistas Morales Cara, Álvarez de la Chica, Gabriel Cañavate y Juan Manuel Fernández son los auténticos culpables de que no se haya abierto el Centro Comercial Nevada», mantuvo el vicesecretario ejecutivo, que indicó que el PP no está en contra de su puesta en marcha, siempre y cuando se respeten los límites legales.
VULNERACIÓN DE LAS NORMAS
En opinión de Ayllón, los socialistas son unos «ineptos políticamente hablando», al haberse «arrodillado» al que el PP denomina el «Clan de Armilla», que ha vulnerado las normas «que el mismo PSOE puso en marcha». Asimismo, pidieron al presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, que se pronuncie sobre la vinculación de la institución, puesto que entre los imputados se encuentra una funcionaria y el que fuera su vicepresidente.
Preguntado en rueda de prensa por el asunto, Martínez Caler se negó a valorar «algo que aún no está juzgado», si bien se mostró consciente de que las distintas partes implicadas deberán «aclarar cuáles han sido sus actuaciones» en el caso.
Incidió en que la institución que preside respetará cualquier decisión judicial, «como siempre ha hecho» y estará a disposición de los jueces para ofrecerles la colaboración que le sea requerida.
Según consta en el auto emitido por el juez, consultado por Europa Press, las imputaciones se dirigen contra el ex alcalde, el ex edil de Urbanismo, los cuatro ediles que, como miembros de la junta de gobierno local, aprobaron en septiembre de 2005 la concesión de la licencia de obras del Nevada, el promotor, dos arquitectos, un abogado y la funcionaria de la Diputación.
Al ex alcalde y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate se les considera responsables de infidelidad en la custodia de documentos públicos y prevaricación urbanística, mientras que a Olivo, que también esta imputado en el «caso Malaya», se le cree presunto autor de un delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial o de obstrucción a la justicia por quebrantamiento de una medida judicial.
A los cuatro concejales se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, mientras que a los cuatro restantes se les atribuye el de prevaricación.

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