GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge hoy y mañana el juicio contra un hombre acusado de estafar más de 90.700 euros en material de construcción a dos empresas de la provincia de Granada, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años y cinco meses de prisión y multa de 3.600 euros.
Según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, fue el 22 de marzo de 2004 cuando el procesado, Miguel Ángel F.H., de 49 años, haciéndose pasar por representante de la empresa «Excavaciones Fernández Cuesta S.L.», se personó en los almacenes de la empresa «Intermáquinas Granada S.L.» formalizando un suministro de puntales metálicos.
Como el acusado no era cliente de esa empresa, se le dijo que el importe del material, que ascendía a 4.892 euros, tendría que abonarlo en efectivo, algo que éste prometió hacer al día siguiente, cuando dijo que no tenía liquidez, pero dio los datos de su supuesta empresa, que era en realidad de su hija pero con otro nombre, para avalar su solvencia.
Así consiguió que el administrador de la entidad supuestamente estafada aceptara tres pagarés, situación que repitió en días sucesivos ante la misma empresa, a la que el procesado llegó a deber casi 53.000 euros.
Siguiendo con su «propósito defraudatorio», según el relato fiscal, el 23 de abril de 2004 se personó en la empresa «Raquel Tejada Heredia S.L.», dedicada a la venta de maquinaria y utillajes para la construcción, donde, para ganarse la confianza del apoderado de la empresa, que fue quien le atendió, aseguró poseer la mercantil «Obras Esquitino S.L.» y ser socio de de «Promociones y Construcciones Morroque», entidades con las que no tenía realmente ninguna relación.
Así, consiguió que se le suministrara material a cambio de pagarés sin fondos, con lo que la deuda a esta segunda empresa ascendió a 37.737 euros. El procesado vendía posteriormente la mercancía obtenida a distintas empresas a un precio interesante para éstas, haciendo suyo el dinero que recibía, sin pagar a sus proveedores.
El fiscal considera que los hechos relatados integran un delito continuado de estafa, por el que además de la pena de cárcel y la multa, pide que indemnice a las mercantiles en la cantidad supuestamente defraudada, que asciende a más de 90.700 euros.

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