Pide la recogida de muestras de ADN a diez personas, consultas de archivos y la declaración una matrona que ejerció en cárceles
MADRID, 8(EUROPA PRESS)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la práctica de determinadas diligencias de carácter urgente con el fin de investigar el paradero y circunstancias que rodearon la desaparición de varios de los denominados «niños perdidos del franquismo». Además, pide que se remita a otros nueve juzgados españoles la información de que dispone esta asociación en relación a exhumaciones entre las que figuran fosas de Loja y Motril (Granada).
En los escritos presentados hoy, la ARMH reconoce que Garzón se inhibió de la causa sobre la memoria histórica en favor de los juzgados de instrucción territoriales, en aplicación de la decisión tomada por la Sala de lo Penal que declaró su falta de competencia para instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
No obstante, esta parte recuerda que el auto de la Sala de lo Penal reconocía que Garzón era no competente «salvo en aquellas diligencias que se consideren necesarias para comprobar el delito, y aquellas otras que considere de reconocida urgencia».
Así, la asociación califica de urgente la recogida de muestras de ADN de determinadas personas que denuncian que le fue sustraído un hijo durante los años posteriores a la Guerra Civil, así como de otras que son hijos o hijas de mujeres que murieron recientemente y que habían denunciado el robo de sus hijos.
MURIERON SIN ENCONTRAR A SUS HIJOS.
En este último caso se encontraría Emilia Girón Bazán, quien falleció el pasado año con 96 años, y que según el escrito «tuvo un hijo en el hospital de Salamanca «al que pretendía llamar Jesús, y al que ha estado buscando hasta su muerte». Otro de sus hijos mantiene la voluntad de encontrar al hermano desaparecido.
En el mismo caso se encontraría el hijo de Marina Álvarez Gutiérrez, que falleció también el año pasado, a los 84 años, y que se había hecho tomar varias muestras de ADN para la localización de su hermana menor, «desaparecida con motivo del destierro familiar -madre y varios hijos- desde Asturias a Barcelona».
Ademas, la ARMH da cuenta al juez de los datos personales de otras tres personas, una de ellas una mujer de 100 años, que denuncian que le habrían sido sustraídos sus hijos al nacer. Otro es el caso de dos hermanos, José y María Setefilla Sánchez, quienes fueron ingresados en el orfanato de San Luis de Sevilla y dados en adopción tras morir su madre, sin saber qué fue de su padre, que fue detenido por las tropas sublevadas contra la República.
La Asociación aporta datos al juez de dos mujeres que mantienen el nombre «dado tras su adopción inconsentida o ilegal», y que buscan a hermanos o hermanas (María del Carmen Calvo García y Antonia Radas); y el de dos hombres separados de su verdadera madre «porque en la posguerra fueron nacimientos fruto de relaciones no bendecidas por la Iglesia Católica o inconsentidas por el orden moral impuesto por el régimen político imperante en España». Buscan a sus verdaderas familias.
PRESA Y MATRONA.
A las diligencias solicitadas se añade la declaración de Trinidad Gallego Prieto, de 95 años, presa en diversas cárceles hasta los años 50 y matrona de profesión, «quien asistió a partos de otras muchas presas y conoce de los hechos ocurridos en circunstancias de represión y de la pérdida de identidad de otras personas», según el escrito entregado hoy a Garzón.
Asimismo, se da cuenta de la creación en 1996 de la Asociación Nacional Derecho a Saber (ANDAS) promovida por el conductor del programa «Quien sabe dónde», Paco Lobatón, y por la profesora universitaria Lola Valverde, que podría aportar datos importantes a la causa; así como de la existencia de información sobre estos hechos en el fondo documental del Consejo Superior de Protección de Menores, dependiente del Ministerio de Justicia, cuyos fondos se encuentran en el Archivo General de la Administración.
También quieren que se aporten a la causa las actuaciones procesales llevadas a cabo ante los juzgados de Pamplona tras la sustracción en 1995 de 29 hojas de la maternidad del Orfanato de la Diputación de dos miembros de la Asociación Sor Isabel de Pamplona, «lo que permitió averiguar la identidad de muchas personas nacidas en los veinte años siguientes al final de la contienda militar», y otra actuación seguida en la misma ciudad por un matrimonio para encontrar a la hija que les arrebataron, que fue posteriormente adoptada.
NUEVAS FOSAS.
Finalmente, el abogado Fernando Magán, quien ejerce la dirección letrada en esta causa en representación de la ARMH, pide al juez Garzón que, pese a no ser ya competente, en aras del principio de «cooperación judicial, remita a otros nueve juzgados españoles la información de que dispone esta asociación en relación con exhumaciones de cadáveres en Segovia, Loja y Motril (Granada), Santiago de Compostela, Ortigueira (A Coruña), Cartagena (Murcia), Puertollano (Ciudad Real) Guadalajara y Santander.
Ayer se hizo público un auto con fecha de 26 de diciembre en el que Garzón remite la investigación sobre los denominados «niños perdidos del franquismo» a siete Juzgados decanos de España, en concreto los situados en Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
Garzón envió además la causa –«en la medida en la que a cada uno de corresponde en función de los hechos acontecidos en su respectiva jurisdicción», especifica– a los Juzgados de Instrucción de La Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de Mallorca.
Se inhibió también a favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales las que den respuesta a «las exhumaciones solicitadas».
Este nuevo auto de Garzón sigue al dictado por el juez el pasado mes de noviembre en el que ya tomaba la decisión de inhibirse habida cuenta del fallecimiento de los altos cargos del régimen de Franco a los que imputaba un delito permanente de detención ilegal sin dar razón de paradero que encajaba, según el magistrado, en el contexto de Crímenes contra la Humanidad.

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