GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Policía Nacional han detenido ya a 102 personas en la «Operación Genil», desarrollada en Granada, donde se ha detectado un supuesto fraude a la Tesorería de la Seguridad Social que es superior a los 4,2 millones de euros. Entre los arrestados se encuentran cinco empresarios, a los que se les imputa delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social, mientras el restos de los procesados están acusados de falsedad documental y estafa.
La investigación se inició al detectar la existencia de varias empresas que, a medida que iban acumulando deudas por impago de las cuotas de seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, causaban baja. Tras pasar a una situación de insolvencia se constituían nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y a las que pasaban los trabajadores de las deudoras.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobó la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores, cerca de 1.800, que dichas empresas, dedicadas a la construcción, mantenían en alta. Además, se verificó que la práctica totalidad de los trabajadores de estas mercantiles, tras permanecer en alta los periodos mínimos exigidos legalmente, solicitaban las correspondientes prestaciones y/o subsidios por desempleo, informó la Policía en una nota.
El operativo policial ha puesto al descubierto la existencia de este entramado empresarial integrado por al menos diez empresas dedicadas a la actividad de la construcción, en la modalidad de subcontratas, que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por dos de los arrestados.
DOMICILIOS FALSOS Y TESTAFERROS
Para constituir esas mercantiles, los cabecillas facilitaban domicilios falsos, pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión. Además, se consignaba como socios y administradores de las empresas a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros «testaferros», los cuales habían sido trabajadores de empresas anteriores y, en la mayoría de los casos, con amplios antecedentes policiales. El objetivo era ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, eludir las acciones ejecutivas que por parte de la Seguridad Social pudieran llevarse a cabo.
En estas empresas, que tenían una escasa actividad laboral o carecían de ella, –de hecho la Inspección de Trabajo solamente localizó una obra con trabajadores–, habían sido dadas de alta un elevado número de personas. Estos supuestos trabajadores declararon haber trabajado, pero no identificaron los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. Una gran parte eran mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante y, en otros casos, no habían tenido actividad laboral anterior.
Las personas que eran dadas de alta en estas mercantiles, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del INEM, en base a esta supuesta actividad laboral, prestaciones y/o subsidios por desempleo, ascendiendo el importe de lo percibido a más de 650.000 euros.
Todas las empresas que integran el grupo incumplían de forma sistemática y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros de sus trabajadores, ascendiendo el importe de los descubiertos a unos 4.200.000 euros.
La operación, desarrollada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial, junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones al detectarse la posible existencia de nuevas empresas vinculadas al grupo.

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