GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia de Granada acogerá hoy el juicio contra un constructor de 32 años, identificado como C.I.P.B. y natural de Granada, acusado de trasladar y contratar ilegalmente en España a un menor de Bolivia para trabajar en una obra de la capital, aunque no le pagó lo establecido, por lo que se enfrenta una petición fiscal de cinco años de cárcel.
En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que fue sobre el mes de junio de 2006 cuando el menor J.C.M., nacido en Potosí (Bolivia), que estaba trabajando en una tienda de artesanía en Cochabamba (Bolivia), fue persuadido por el acusado, que se presentó como «Mariano», para que dejara su trabajo y se trasladara a España, donde le ofrecería trabajo en otro establecimiento, también de artesanía, que pretendía abrir en Granada.
Para conseguir su propósito, según el relato fiscal, el procesado le entregó al chico un total de 400 dólares para que éste pudiera afrontar los gastos del viaje, y le convenció para que consiguiera un pasaporte falso, con otro nombre y edad de nacimiento distintos al suyo, con la finalidad de poder trabajar en España sin problemas por razón de edad.
De igual manera, le mandó por fax un billete de avión, sobre el mes de octubre de 2006, que tenía como origen Santa Cruz y como destino Madrid-Barajas. También le pagó sus primeros días de estancia en un hotel de Granada y, el 3 de noviembre de ese año, le proporcionó trabajo como carpintero en una obra que se estaba efectuando en la calle Darrillo de la Magdalena de la capital granadina, a cambio de pagarle 500 euros al mes.
Sin embargo, en los siete meses que estuvo trabajando el menor en la obra, éste sólo recibió un total de 200 euros, puesto que el procesado le dijo que no le pagaría lo que le correspondía por su labor hasta que no le abonara la cantidad que le había supuesto su traslado a España.
El acusado, que le proporcionó piso al menor para su estancia en Granada, le retiró toda su documentación con el pretexto de que se la iba a regularizar, cuando realmente lo que pretendía era evitar que se marchara sin pagarle lo que había gastado en su viaje a España.
Según considera el Ministerio Público, los hechos relatados son constitutivos de un delito de inmigración clandestina, por lo que solicita para el acusado, además de la pena de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de su trabajo como constructor durante el tiempo de la condena.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí