La empresa recurrirá la sentencia que le obliga a readmitir a la trabajadora que despidió y establece que ésta sufrió acoso
GRANADA, 25 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Diputación de Granada rechazó hoy, con los votos en contra del PSOE e IU, la moción presentada por el PP para que se inicien los trámites para rescindir el contrato a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la institución provincial, Segurisa S.A., al considerar que debe esperarse a que la auditoría externa detecte si existen incumplimientos del contrato.
La moción también solicitaba la constitución de una comisión de investigación para analizar los incumplimientos, contrataciones, adjudicación y actual situación del servicio de seguridad de la Diputación.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación, José María Aponte, indicó al respecto que la institución no puede rescindir el contrato a la empresa «de forma unilateral y sin haber seguido los trámites legales y administrativos oportunos». Recordó que se va a contratar a una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la entidad y en la que estarán representados todos los grupos políticos para dar «la máxima transparencia» al proceso.
«Si hay incumplimientos se sancionará a la empresa en función de los mismos, ya que no se puede rescindir un contrato si no existen causas justificadas para ello», explicó Aponte que negó que existiera ningún tipo de irregularidad en el proceso de contratación que, dijo, «fue abierto y transparente».
En este sentido, señaló que en la mesa de contratación «estuvo presente el PP, que no se opuso», así como tampoco se presentaron informes desfavorables de los técnicos de Diputación ni quejas por parte del resto de las empresas que concurrían a la contratación.
Aponte informó también de que Segurisa recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada que le obliga a readmitir a la trabajadora y establece que ésta sufrió acoso por parte de la dirección de la empresa y del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve.
Por su parte, el diputado del grupo popular, Antonio Jesús Granados –que fue sustituido en el pasado Congreso Provincial del PP en el cargo de portavoz por José Antonio Robles– consideró que los argumentos del PSOE para rechazar la moción son «vagos e indecisos» y consideró que la empresa ya ha incurrido en varios incumplimientos del contrato que justifican la rescisión, como no haber realizado un plan integral de seguridad para la institución o no poner en marcha un plan de formación para los trabajadores.
Aseguró que según las condiciones contractuales, la empresa debe tener contratados a unos 67 vigilantes para la institución provincial, lo que, según Granados, «no se cumple». Así, acusó al PSOE de «no querer llegar al fondo del asunto» y de mirar hacia otro lado.
Por su parte, la portavoz del grupo de IU, María Asunción Cotarelo, coincidió con el PP en que la empresa ha incurrido en incumplimientos como no presentar el plan de seguridad integral para la institución, si bien mostró su deseo de que la auditoría externa agilice el expediente informativo que se abrió en julio a Segurisa «a instancias de IU», de modo que se detecten todos los incumplimientos «y se vaya a la calle».
Negó que existiera trato de favor en la contratación de la empresa y justificó su rechazo a la creación de una comisión de investigación en que «no hay razón» para ello puesto que «en este proceso no cabe más que rescindir el contrato».
Defendió la actuación de IU en el conflicto, al haber detectado el despido de la trabajadora y ayudado a su primera reincorporación, que luego la empleada recurrió, y por haber impulsado la apertura del citado expediente informativo.
OTRAS INICIATIVAS
Durante el pleno se aprobaron otras iniciativas, como el Plan de Caminos Rurales 2008 y la financiación del 30 por ciento del mismo por parte de la Diputación de Granada –la Junta asume el resto–.
Se trata de un proyecto que permitirá la intervención en unos 225 kilómetros de caminos rurales a su paso por 28 localidades granadinas, con una inversión cercana a los nueve millones de euros.
El PP votó en contra del proyecto al considerar que el reparto de las actuaciones aprobadas, un total de 28, es «injusto, insolidario y abusivo», puesto que 26 se desarrollarán en municipios gobernados por los socialistas.
Esta misma situación la puso de manifiesto el vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, Julio Bernardo (IU), que si bien no fue efectuó acusaciones expresas sobre el reparto calificó de «prepotente» la actitud de la Junta «que tiene un claro criterio a la hora de adjudicar los proyectos».
«Vamos a votar a favor para no impedir la inversión de casi nueve millones de euros en la provincia», indicó Bernardo que advirtió de que «el próximo año no lo harán si la Junta mantiene los mismos criterios».

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