GRANADA, 23 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado solvente a la juez de Motril (Granada) Adelina Entrena, por lo que tendrá que hacer frente al pago de la indemnización de 103.000 euros a la que fue condenada por absolver pero no ordenar la puesta en libertad de José Campoy, que permaneció preso injustificadamente un año.
Así consta en el auto del TSJA, al que tuvo acceso Europa Press, que concreta que, una vez practicado el embargo preventivo de la vivienda de la magistrada, se ha concluido que el valor de subasta del inmueble, de 564.600 euros, «excede sobradamente» de las cargas de las que está afecto –371.628 euros– y de «la responsabilidad pecuniaria garantizada a virtud del procedimiento», por lo que «ha de declararse la solvencia» de Entrena.
Es el objetivo que buscaba el abogado de Campoy, Marcos García-Montes, después de que la magistrada afirmara tras el juicio celebrado en Granada que era insolvente, puesto que, según dijo, ya se le suspendió de empleo y sueldo y no tenía bienes a su nombre, por lo que podría ser el Estado quien debiera hacer frente a la indemnización, como responsable subsidiario por los perjuicios ocasionados al reo.
El embargo de su vivienda, situada en Motril, se acordó el pasado 23 de septiembre de 2007 en un auto en el que se libró mandamiento al registrador de la propiedad para que practicara la anotación preventiva del inmueble, con remisión de certificación de cargas y gravámenes.
No ha sido el único bien que le ha sido embargado para su tasación, ya que también un vehículo de su propiedad, un Nissan Máxima, fue embargado por el exhorto librado a los Juzgados de Instrucción de Motril, según consta en la documentación, a la que tuvo acceso Europa Press, que data del 21 de abril de 2008.
La defensa del ex reo ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a la juez, al considerar insuficiente la indemnización de 103.000 euros por las secuelas psíquicas que sufre Campoy.
La víctima del proceso, que es politoxicómano y sufre «graves e importantes» secuelas derivadas en parte por la «incomprensión, impotencia y desesperanza» de verse privado de libertad pese al dictado de una sentencia absolutoria, según constaba en el fallo del TSJA, mostró al conocerlo, el pasado 9 de abril, su agradecimiento al letrado que lo ha defendido.
Campoy, que permaneció en prisión 455 días, si bien 180 le han sido abonados para el cumplimiento de otra ejecutoria, aclaró entonces que «no tiene nada contra la juez» y que lo que lamenta es su «error» que le mantuvo privado de libertad de forma injustificada.
El TSJA condenó a la que fuera titular del Juzgado de lo Penal de Motril (Granada) Adelina Entrena a la pena de un año de suspensión de empleo o cargo público que implicase el desempeño de sus funciones judiciales e indemnización a Campoy de 103.000 euros por los perjuicios sufridos.
Según la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, la juez, expulsada de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es autora de un delito contra la libertad individual de las personas, cometido por funcionario público, mediando imprudencia grave.

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