GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada ha desestimado el recurso presentado contra el archivo de la causa que se abrió a raíz de una denuncia de Rafael Aibar, propietario de varias fincas en el Parque Natural de Castril, que denunció a varios cargos de la Junta de Andalucía por el supuesto desvío de fondos comunitarios en ese espacio.
Aibar presentó el recurso de apelación después de que el Juzgado de Instrucción 8 de Granada acordara, por auto de 18 de julio de 2008, el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones abiertas, con la argumentación de que el juez instructor se basó en la «mera presunción de que todo está correcto sin haber tenido la posibilidad de constatarlo con documentos», según constaba en el documento.
La Sección Primera no aprecia «ni el más mínimo indicio de que los querellados –los ex delegados de Medio Ambiente Gerardo Sánchez y Manuel Chirosa– hayan podido cometer los delitos a los que se refiere la querella», es decir, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad contra la Administración de Justicia, estafa y falsedad en documento público, según consta en el auto, facilitado a Europa Press.
El tribunal comparte «íntegramente» los «acertados» razonamientos contenidos en el auto impugnado del Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que señalaba que, durante la instrucción de la causa, no quedó demostrado la perpetración de ningún delito por parte de los denunciados, ya que no existía «el menor dato objetivo mínimamente serio», que permitiera deducir que se había cometido alguna irregularidad.
Con esta decisión judicial, «finaliza una de las dos extensas tramas –la de tribunales, la otra es la mediática– urdidas como estrategia por el señor Aibar al no ver satisfechas sus pretensiones de poder explotar los recursos mineros de su finca del Parque Natural de Castril ni venderlas a la Junta de Andalucía por el astronómico precio de 27,5 millones de euros», señaló Gerardo Sánchez, actual alcalde de Armilla, a través de un comunicado.
Dichas campañas son consideradas por Sánchez como un intento de desacreditarlo «personal y políticamente» como delegado de la Junta, «utilizando el ardid que cristaliza en el dicho de Difama, que algo queda, al albur de la convulsión periodística provocada por el «caso Nevada», con la intención de que me plegara como delegado de Medio Ambiente de la Junta a sus intereses especulativos, o en caso contrario, buscando con mi cese y el de mi equipo, un nuevo interlocutor que fuera receptivo a sus intenciones económicas».
«Espero que con este pronunciamiento judicial, finalice también la campaña de acoso y derribo mediático y político pergeñada por el señor Aibar y el Partido Popular contra mi gestión al frente de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y pueda dedicar los esfuerzos que hasta ahora empeñaba en salir al paso y desmentir las falsedades que los medios de comunicación recogían sobre mí y sobre mi familia, a trabajar con total dedicación como alcalde de todos los armilleros y armilleras», mantuvo.

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