GRANADA, 06 (EUROPA PRESS)
El PP solicitará a la Diputación de Granada, a través de una moción al pleno, que pida a Gabriel Cañavate, ex concejal del Ayuntamiento de Armilla (Granada) y uno de los imputados en al caso Nevada, que dimita de su cargo como consejero general en la Asamblea de CajaGranada para evitar «cualquier mancha» en el prestigio de la entidad y mantener el consenso alcanzado en el «Pacto Saray».
Así lo indicó hoy en rueda de prensa el diputado provincial del PP, José Torrente que, aunque reconoció que desde el punto de vista legal la decisión corresponde «exclusivamente» a Cañavate, matizó que en política «los gestos son muy importantes» y el PSOE «tiene aquí uno pendiente».
Consideró que su partido «ha dejado tiempo suficiente» al presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, para pronunciarse sobre este asunto, por lo que el «PP le pide ahora que tome la decisión que debería haber adoptado cuando Cañavate tuvo la primera imputación» por parte de los juzgados de Granada.
Torrente subrayó que «los intereses políticos partidarios» no deben estar por encima de los objetivos de una entidad financiera pública «de referencia en Granada y Andalucía».
Añadió que los representantes públicos de CajaGranada deben contar con «la más absoluta garantía de limpieza ante cualquier sospecha delictiva» para evitar «cualquier mancha» en el prestigio de la entidad, «más aún –dijo– si éstos lo son a propuesta de una institución pública como la Diputación».
Aseguró que esta solicitud busca también mantener el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas, empresariales y sindicales de la provincia mediante el «Pacto Saray», lo que consideró «muy importante» en estos momentos».
Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación de Granada, Antonio Granados, calificó de «campaña de marketing» las medidas adoptadas por la institución provincial tras hacerse pública la sentencia que condena a la empresa adjudicataria de su servicio de seguridad, Segurisa S.A., a readmitir a la trabajadora que fue despedida tras sufrir acoso por parte de la dirección y el coordinador de seguridad, Juan Carlos Adarve.
Granados, para quien lo ocurrido en la Diputación es «el mayor escándalo institucional de la provincia», opinó que la cesión anunciada ayer de Adarve «llega tarde», lo que hizo extensible a la auditoría externa que contratará la institución provincial para analizar la prestación del servicio por parte de la empresa.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí