GRANADA, 05 (EUROPA PRESS)
El PP exigió hoy el cese fulminante del coordinador de seguridad en la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, y las dimisiones de, entre otros, el presidente de la institución provincial, Antonio Martínez Caler, al considerar que «ha participado por acción u omisión» en el acoso que sufrió una trabajadora por parte de la dirección de Segurisa, S.A., cuyo despido ha sido declarado nulo.
Esta situación se produce después de que ayer se hiciera pública la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Granada, que condena a Segurisa, empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de la Diputación de Granada, a readmitir a la citada empleada, Ascensión D.R., que fue despedida a raíz de que se negara a indicar los nombres de los vigilantes que se podrían despedir a fin de que la empresa contratase a «militantes, familiares o amigos del PSOE».
El portavoz del grupo «popular» en la Diputación, Antonio Granados, indicó hoy en rueda de prensa que pedirá a través de una moción en el próximo pleno de la institución la «inmediata ejecución de la sentencia por parte de Segurisa» y que se inicie el proceso administrativo para rescindir el contrato «multimillonario» con la empresa, al considerar que ha sido «parte actora del acoso» a la trabajadora, «prestándose a las pretensiones del PSOE e IU».
También solicitó el «cese fulminante» del coordinador de seguridad en la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, una medida que fue anunciada hoy por el equipo de gobierno.
Granados indicó además que ha trasladado a los servicios jurídicos del PP toda la documentación relacionada con este hecho para que estudien si pueden constituir un supuesto delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o prevaricación, ya que, según recordó, «estamos hablando de una adjudicación de cuatro millones de euros con muchas lagunas y de la contratación de amiguetes del PSOE».
En esta línea, pidió la dimisión de Caler, el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo Castro (IU), y la diputada de Cultura y portavoz del grupo de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, porque, según dijo, «han participado por acción o por omisión en esta cacicada».
Aseguró que Caler tiene «todo el grado de conocimiento» del acoso perpetrado a la trabajadora, y puso como ejemplo las referencias que ha hecho el PP sobre este asunto en los plenos o los escritos que le dirigieron en su día más de 40 trabajadores de la institución para denunciar el «abuso de poder y la coacción» del coordinador de seguridad.
Por su parte, la diputada provincial del PP María Victoria Molina informó de que esta mañana el grupo preguntará a Caler si tenía conocimiento de las irregularidades en la adjudicación del servicio a Segurisa y si la destitución del director de seguridad se debe a que este denunció ante el presidente de la Diputación que se estaban cometiendo «abusos y cacicadas» en el servicio de vigilancia.
También se le pedirá que «conteste inmediatamente» si conocía que «se ha cometido tráfico de influencias para colocar a cargos relevantes del PSOE en la empresa de seguridad», lo que, a su juicio, «era favores personales suyos y de Adarve».

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