GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)
La empresa adjudicataria del servicio de vigilancia de la Diputación de Granada, Segurisa S.A., ha sido condenada a readmitir a una trabajadora que sufrió acoso por parte de la dirección de la misma y del coordinador de seguridad de la institución supramunicipal, según consta en el fallo del Juzgado de lo Social 1 de Granada, al que tuvo acceso Europa Press.
Deberá asimismo abonar a la demandante, Ascensión D.R., los salarios dejados de percibir desde el 24 de junio de 2008 hasta que la readmisión sea efectiva, a razón de 98,90 euros al día, según señala el magistrado Jesús I. Rodríguez Alcázar en la sentencia, contra la que cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El juez considera que fue a raíz de un enfrentamiento que mantuvo la trabajadora con el coordinador de seguridad, Juan Carlos Adarve, por su negativa a intervenir en el cese de trabajadores para contratar a otros cercanos a este último, lo que desencadenó una serie de actuaciones tanto por Adarve como por parte de la empresa, «de escasa duración, pero de una notable intensidad».
Tras pedir la dimisión de Ascensión y la negativa de ésta, el coordinador privó de su despacho a la trabajadora, que era jefa de servicio, para trasladarla a una sala de control común, bajo la vigilancia de una cámara de seguridad colocada al efecto. A la vez, y ante la «alarma» creada entre los trabajadores de Segurisa en la Diputación, se creó una plataforma de defensa de sus intereses al margen del Comité de Empresa, del que era representante la demandante.
La empresa comenzó entonces a remitir a la trabajadora comunicaciones «carentes de sentido» que ésta se veía obligada a responder, «debiendo defenderse de acusaciones sin sustento», y, «de forma fulminante» se le dejó de abonar un complemento que se le pagaba en su condición de jefa de servicios. «Ante el fracaso de estas estrategias se le ofreció un cambio de puesto para ser una simple vigilante, eso sí, manteniendo su salario, y, ante la resistencia de la trabajadora a esa oferta, se procede al despido que la propia empresa reconoce como improcedente», se señala en el fallo.
La actitud mantenida por la empresa, añade el magistrado, «sólo puede explicarse desde la perspectiva de la connivencia con el coordinador de seguridad». Se aprecia así «una clara actitud de acoso» que se realiza de forma «concertada» por parte de la dirección de la empresa y el coordinador de seguridad «que menoscaba la dignidad de la trabajadora», situación que se origina, según el juez, en la falta de colaboración de la empleada en un modo de proceder en la contratación de los trabajadores.
En la sentencia se considera probado que este proceder consistía en que la demandante debía indicar los nombres de entre los vigilantes de seguridad de aquellos trabajadores a los que se podría despedir, con el fin de que por la empresa se contratase a ciertas personas, militantes del PSOE o familiares o amigos de militantes de dicho partido, a lo que Ascensión D.R. se negó en el transcurso de una reunión que mantuvo con Adarve el mes de abril de 2008.
El Partido Popular de Granada ya exigió en el pasado mes de julio la creación de una comisión de investigación ante las supuestas amenazas a 50 vigilantes de seguridad de la Diputación Provincial de Granada, que afirmaban haber sido «acosados, coaccionados, engañados y mentidos» por parte del coordinador del servicio de vigilancia de la institución, «un cargo de confianza» del presidente, Antonio Martínez Caler, según señalaron entonces.
El grupo «popular» exigió asimismo a la empresa Segurisa la readmisión inmediata de Ascensión D.R., en el mismo puesto que ocupaba hasta el pasado día 24 de junio. También pidieron que se abriera expediente a la empresa por los incumplimientos del contrato firmado entre la Diputación y ésta, y la creación de una comisión de investigación en la cual se esclareciera todo lo ocurrido y se depurasen responsabilidades.

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