GRANADA, 22 (EUROPA PRESS)
El PP, que ejerce de acusación particular en el caso abierto por la presunta tramitación irregular del Centro Comercial Nevada, ampliará «entre mañana y pasado» su denuncia en los juzgados para solicitar la imputación por supuesta prevaricación de varios ex delegados de la Junta de Andalucía, como son los actuales alcaldes de Armilla y Baza (Granada), Gerardo Sánchez y Rafael Salcedo y el parlamentario andaluz José García Giralte, entre otros.
Así lo confirmó hoy en rueda de prensa el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que justificó la ampliación de la demanda en el último dictamen pericial, incorporado a la investigación, que recomienda la demolición total o parcial del edificio, cuyas obras están actualmente paralizadas.
Para Pérez, el citado informe «deja claro» que ha habido una «connivencia y una actuación como mínimo irregular» por parte de la Junta de Andalucía, que, a su juicio, «miró para otro lado», a pesar de que «conocía las irregularidades que se estaban cometiendo en el centro».
«Si este dictamen pericial es duro, más dura tiene que ser la justicia en el tratamiento de quienes directa o indirectamente han provocado esta situación», argumentó el presidente del PP, que recordó que el actual alcalde de Armilla y ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Granada, Gerardo Sánchez, era el «responsable de hacer los informes de impacto ambiental» del centro comercial.
Insistió en que el documento pericial «no deja lugar a dudas» respecto a los excesos de edificabilidad y volúmenes, así como «en los disparates que el PSOE ha venido realizando uno detrás de otro en este proyecto», añadió.
Fuentes del PP confirmaron que se solicitará la imputación de los actuales alcaldes de Armilla y Baza (Granada), Gerardo Sánchez y Rafael Salcedo, el parlamentario andaluz José García Giralte y el actual gerente del Consorcio Metropolitano, Pedro Julián Lara.
En el dictamen, el equipo de peritos concluye que la demolición total o parcial es una decisión que «necesariamente» hay que tomar respecto al Nevada. Así, desde un punto de vista jurídico, procedería que el juez acordase, «motivadamente», la demolición de lo construido en suelo no urbanizable, dotacional y espacios libres, «amparado en una licencia urbanística que no puede legalizarse si no es modificando el planeamiento general».
Esa decisión del juez penal es «independiente» de lo que luego pueda acordar la Administración Pública tras la tramitación y resolución del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico «perturbado» y reposición de la «realidad física alterada», agrega el peritaje.
El dictamen anticipa que «procedería la demolición de la construcción que no se ajustase a la normativa vigente», concretamente con relación a los parámetros de superficie de ocupación, altura de la edificación y edificabilidad computable, «todos ellos sobrepasados en la construcción», tal y como se especifica en la totalidad del informe, de tres tomos y unas 200 páginas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, instruye la causa, en la que están imputados entre otros el que fuera alcalde de Armilla José Antonio Morales Cara y el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate, ambos socialistas, además del empresario Tomás Olivo, implicado también en el «caso Malaya».

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