GRANADA, 11 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha solicitado para tres hombres, de iniciales J.C.F.F., F.G.V. y F.C.G, un total de diez años de prisión y multa de 14.400 euros por simular la venta de unos vehículos propiedad del primero para evitar que éste abonara una deuda, a lo que estaba obligado por un auto del Juzgado de lo Social 6 de Granada de 23 de enero de 2002.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el primero de los procesados tenía que pagar 9.399,6 euros a D.D.G.C., con el que se había declarado extinguida su relación laboral. Como J.C.F.F. no pagó esa cantidad, se inició un procedimiento de ejecución en el referido Juzgado, por el que se decretó el embargo y precinto de dos vehículos, que figuraban en la Jefatura de Tráfico a su nombre.
Para evitarlo, según el relato fiscal, J.C.F.F. se puso de acuerdo, por un lado, con el segundo de los procesados para simular un contrato de compraventa de uno de los vehículos y, por otro, con el tercero en idénticas circunstancias, por lo que el Juzgado levantó su embargo.
El perjudicado presentó entonces documentación acreditativa de que los vehículos seguían en los registros oficiales a nombre de J.C.F.F., por lo que se solicitó ante el mismo Juzgado que se dejaran sin efecto los citados alzamientos, a lo que se accedió el 2 de octubre de 2002.
Ante ello, los acusados, «inducidos» por J.C.F.F., el 11 de noviembre de ese año y con el fin de llevar a error al titular del Juzgado, presentaron sendas tercerías de dominio, en su condición de supuestos compradores de los coches, que, sin embargo, no se autorizaron.
No obstante éstos presentaron escritos dirigidos a que se señalara día y hora para la celebración del incidente de tercería planteado, consiguiendo que se señalara para el 3 de marzo, al que, sin embargo, no acudieron. Así, otro auto declaró desistida la pretensión de F.G.V. y F.C.G., aunque el primero pagó finalmente la deuda al perjudicado, el 2 de julio de 2003.
De los hechos relatados, el Ministerio Público considera que se derivan los delitos de falsedad documental y estafa procesal. Así, el fiscal pide para el que considera el inductor, J.C.F.F., cuatro años de prisión y multa de 4.800 euros, idéntica cantidad solicitada para los otros dos procesados, que se enfrentan a un pena de tres años de cárcel cada uno.
El juicio está previsto que se celebre el próximo 14 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.

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