GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Granada juzga hoy al empresario Andrés Liétor, imputado en el caso «Malaya», acusado de estafa en una operación de compra-venta de un apartamento ubicado en un residencial en Marbella (Málaga), por lo que la Fiscalía solicita para él una pena de tres años de prisión.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, Liétor, como representante legal de la empresa Incar S.A., pero sin poderes para ello, firmó el 11 de julio de 1998 un contrato privado con E.F.N, en virtud del cual la mercantil vendía a éste el apartamento. El precio se fijó en 21,7 millones de pesetas más IVA, del que E.F.N. –el querellante–, que recibió las llaves de la finca, entregó 3,2 más 227.919 euros de IVA, con lo que el resto quedaba a pagar con una hipoteca de 18,5 millones de pesetas.
En el contrato se hizo constar, según el relato fiscal, que la parte vendedora se obligaba a cancelar un embargo a favor de la Agencia Tributaria que pesaba contra el inmueble por importe de más de 8,2 millones de pesetas, anotado el 1 de julio de 1998. Si llegado el 1 de octubre de ese año no se hubiera cancelado, el comprador podía optar entre exigir el cumplimiento de dicha obligación o la devolución de la totalidad de la cantidad pagada.
Tras «numerosos» intentos para que la parte vendedora cancelara el embargo, el 21 de julio de 2000 Incar S.A. vendió a través de su representante, S.C.M., y en virtud de escritura pública, celebrada en Granada, a la empresa CCF 21, representada en este caso por el acusado, que ya era conocedor de la operación anterior.
Posteriormente, el 29 de enero de 2003, en virtud de escritura pública otorgada en Madrid, otra empresa, Administraciones Zemogg S.L., a través de su representante P.G.L., compró la finca citada, sin que haya quedado acreditado, a juicio del Ministerio Fiscal, tener conocimiento de las operaciones anteriores, por lo que pide el sobreseimiento provisional de P.G.L. y también del constructor José Ávila Rojas.
El fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de estafa, por lo que solicita para el empresario, además de la pena de tres años de prisión, una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 20.932 euros para el querellante.

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