GRANADA, 09 (EUROPA PRESS)
El jurado popular que ha enjuiciado a J.G.R. en la Audiencia de Granada ha emitido hoy un veredicto de culpabilidad contra éste al considerar que asesinó a martillazos a su compañero en un cortijo en obras en Churriana de la Vega (Granada), con la circunstancia agravante de alevosía pero considerando la atenuante de trastorno mental transitorio, tal y como pedía la Fiscalía.
En la lectura de la resolución, dada a conocer alrededor de las 18,00 horas de hoy, la portavoz del tribunal popular aludió a los elementos de convicción de la actitud del acusado durante la comisión de los hechos, tras los que dio aviso a las autoridades, la comparecencia de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Granada, que consideraron que J.G.R. fue consciente de lo que hacía pero dentro de su propia realidad, y la de los profesionales del Centro de Drogodependencia, que no observaron ningún comportamiento anormal en él en los días previos.
La Fiscalía mantuvo así su petición de pena de seis años de prisión, que ya rebajó en sus conclusiones definitivas de la solicitud inicial, y la indemnización de 64.409 euros para los hermanos de la víctima, la misma responsabilidad que piden éstos, personados como actor civil.
El procesado hizo uso de su derecho a la última palabra, en el que pidió perdón a la familia de su compañero y a la suya propia y aseguró que éste «ha sido la mejor persona» que ha conocido.
En la última sesión del juicio, en la jornada de ayer, el representante del Ministerio Público reconoció la enfermedad del acusado que, sin embargo, era consciente de lo que hacía al que fuera su pareja o ex pareja, por lo que «no lo mató sin querer o por descuido».
Así, en la exposición de su informe, el fiscal señaló que la víctima, que tenía 74 años cuando murió, «estaba totalmente desprevenido» cuando J.G.R. le asestó los golpes, tres de ellos mortales, y mantuvo que el acusado es una persona «violenta» que reaccionó «imprevisiblemente» atacando a la que había sido su pareja sentimental, a juicio del Ministerio Público, y, aunque actuó con sus facultades mentales «mermadas», no estaba «completamente loco» cuando cometió el crimen.
El fiscal pidió al jurado un veredicto de culpabilidad y finalizó su exposición informando de que los seis años de petición, con un tercer grado, podrían convertirse en menos e incidió en que «por matar a una persona» no debería recibir sólo tratamiento médico, momento en el que el presidente del tribunal le llamó la atención por estar «condicionando la voluntad del jurado».
Por su parte, el abogado de los hermanos de la víctima mostró el deseo de los familiares de mantenerse al margen en el proceso, y señaló que «por sus condiciones cristianas» perdonan al acusado en el terreno religioso, por lo que piden la indemnización que exige la ley, un total de 64.409 euros, responsabilidad civil que la defensa no considera que ha lugar porque no está acreditado que el fallecido, argentino que llevaba 41 años en España, tuviera dependencia sentimental o económica de éstos.
La abogada de J.G.R. volvió a reiterar que su patrocinado no merece reproche penal sino tratamiento terapéutico, ya que cometió un homicidio no intencionado, guiado por una crisis producto de un trastorno mental grave que anuló totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas.
La letrada considera que lo ocurrido obedeció a unos actos que fueron fruto «única y exclusivamente» de su enfermedad, que le llevó a sufrir un estado de «terror» en su creencia de que en el pueblo existía un complot para arrebatarle su finca, por el que estuvo escondido y padeciendo noches de insomnio y alucinaciones.
Los médicos forenses ya afirmaron en la sesión de ayer que el procesado fue consciente de su crimen aunque con un conocimiento de los hechos condicionado por la visión de una doble realidad, argumento que hoy fue compartido por los psiquiatras que le han analizado en la prisión, que consideran que, en el momento de los hechos, J.G.R. tenía totalmente alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas.
En el primer día, el acusado afirmó que «no habría hecho eso» de haber estado «en su sano juicio». «Me siento culpable por lo que he hecho. No sé si encontraré la paz», dijo entonces J.G.R., que había convivido durante diez años en Madrid con su víctima, restaurador de obras de arte.

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