En el caso figuran además como acusados el empresario Paulino Gómez y el constructor granadino José Ávila Rojas
GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía mantuvo hoy en sus conclusiones, que elevó a definitivas, su petición de tres años de cárcel por supuesta estafa en operaciones de compra-venta de un apartamento en el residencial «El Dorado» de Marbella (Málaga) para el empresario Andrés Liétor, que es juzgado en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada.
En el caso figuran además como acusados el empresario Paulino Gómez y el constructor granadino José Ávila Rojas, para los que el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional. La acusación particular pide para Liétor, imputado en el caso «Malaya», una pena de cuatro años de cárcel por estafa impropia y simulación contractual y tres años para el constructor y el otro empresario, a los que considera autores de un delito de estafa impropia el primero y de otro de simulación contractual el segundo.
En su declaración durante el juicio, que continuará mañana con la exposición de los informes de las partes, Liétor negó que existiera estafa en las operaciones que siguieron a la venta, el 11 de julio de 1998, al particular E.F.N. del apartamento marbellí, que posteriormente, en julio de 2000, fue adquirido por la empresa de la que era apoderado, CCF21, y que luego, el 29 de enero de 2003, vendió a Administraciones Zemogg, de la que es representante Paulino Gómez, según el relato fiscal.
Así, señaló ante la Sala que no supo en la segunda de estas operaciones que uno de los apartamentos que adquiría era el que habitaba E.F.N., con el que había suscrito un contrato privado en represantación de la mercantil Incar S.A. –de Ávila Rojas– ya que el inmueble soportaba un embargo de 1.400 millones de pesetas, por lo que el particular se negaba a firmar la escritura pública, en tanto que no se solucionase esa carga fiscal.
Según indicó el acusado, que afirmó que Ávila Rojas le pidió que le ayudara a captar posibles compradores a cambio de una comisión de la venta, fue en el momento de la firma de la escritura cuando conoció la noticia del embargo, por lo que se anuló la operación. Sin embargo, según su testimonio, el particular le mostró su interés de adquirir el inmueble, por lo que acordaron la suscripción del contrato privado hasta que no se resolviera la situación, extremo que el querellante negó ante la Sala en su declaración como testigo, ya que, según incidió, fue el propio Liétor quien insistió.
También existieron otras contradicciones entre acusado y querellante ya que el primero mantuvo que el contrato lo llevó el particular al lugar de la firma, ya en el apartamento de Marbella, con la cláusula al reverso de que la empresa Incar S.A. se comprometía a abonar el embargo o permitiría devolver al comprador la totalidad de cantidad pagada, y el segundo aseguró que fue el empresario quien lo trajo consigo.
EMBARGO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
El procesado aseguró además que E.F.N. conocía el embargo mencionado de la Agencia Tributaria, ya que éste contaba con información privilegiada al haber sido delegado de Hacienda en la provincia de Sevilla, algo que éste negó, ya que los dos organismos fiscales son independientes el uno del otro.
Liétor afirmó que, unos meses después, se dirigió a las oficinas de Ávila Rojas para cobrar la comisión por la venta, pero allí le dijeron que la operación no se había llevado a cabo por defectos en el contrato, por lo que, cuando firmó en la notaría la escritura pública de compra de un grupo de apartamentos del residencial marbellí, no recordaba la operación con E.F.N., ya que ni siquiera, según dijo, participó en la negociación.
Por su parte, Paulino Gómez negó que haya tenido cualquier tipo de relación de amistad o societario con Liétor, ya que la operación de compra del apartamento que había adquirido previamente CCF21 no la gestionó con él. Gómez reconoció ante la Sala que le incomodó el hecho de que en el inmueble habitara un particular, contra el que presentó demanda de desahucio que posteriormente fue desestimada.
Ávila Rojas dijo desconocer la primera operación de venta del apartamento ni que recibiera dinero alguno por la misma por parte de Liétor, a quien dijo no haber autorizado a firmar contratos. Según dijo, si su empresa hubiera tenido constancia de que el inmueble ya estaba vendido, «lógicamente» no lo hubiera puesto a la venta, ni CCF21 lo habría podido comprar. De hecho, aseguró que desconocía totalmente el nombre del perjudicado, al que se presentó como «Pepe Ávila» en un receso de la vista sintiendo «todo lo que le está pasando».
El querellante aseguró que tuvo conocimiento de que habían vendido ssu apartamento, que era su segunda residencia, en una reunión de la comunidad de propietarios en agosto de 2002, adonde Liétor asistió como apoderado de CCF21, que había adquirido el suyo y otros apartamentos.

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