GRANADA, 08 (EUROPA PRESS)
El fiscal rebajó hoy en sus conclusiones definitivas de quince a seis años su petición de pena para el acusado de matar a su compañero a martillazos en un cortijo de Churriana de la Vega (Granada) el 5 abril de 2006, que enjuicia un jurado popular desde el pasado lunes en la Audiencia de Granada.
En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para veredicto, el representante del Ministerio Público, que considera que J.G.R. es autor de un delito de asesinato con alevosía con la atenuante de trastorno mental transitorio, reconoció la enfermedad del acusado que, sin embargo, era consciente de lo que hacía al que fuera su pareja o ex pareja, por lo que «no lo mató sin querer o por descuido».
Así, en la exposición de su informe, el fiscal señaló que la víctima, que tenía 74 años cuando murió, «estaba totalmente desprevenido» cuando J.G.R. le asestó los golpes, tres de ellos mortales, y mantuvo que el acusado es una persona «violenta» que reaccionó «imprevisiblemente» atacando a la que había sido su pareja sentimental, a juicio del Ministerio Público, y, aunque actuó con sus facultades mentales «mermadas», no estaba «completamente loco» cuando cometió el crimen.
El fiscal pidió al jurado un veredicto de culpabilidad y finalizó su exposición informando de que los seis años de petición, con un tercer grado, podrían convertirse en menos e incidió en que «por matar a una persona» no debería recibir sólo tratamiento médico, momento en el que el presidente del tribunal le llamó la atención por estar «condicionando la voluntad del jurado».
Por su parte, el abogado de los hermanos de la víctima, personados como actor civil, mostró el deseo de los familiares de mantenerse al margen en el proceso, y señaló que «por sus condiciones cristianas» perdonan al acusado en el terreno religioso, por lo que piden la indemnización que exige la ley, un total de 64.409 euros, responsabilidad civil que la defensa no considera que ha lugar porque no está acreditado que el fallecido, argentino que llevaba 41 años en España, tuviera dependencia sentimental o económica de éstos.
La abogada de J.G.R. volvió a reiterar que su patrocinado no merece reproche penal sino tratamiento terapéutico, ya que cometió un homicidio no intencionado, guiado por una crisis producto de un trastorno mental grave que anuló totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas.
La letrada considera que lo ocurrido obedeció a unos actos que fueron fruto «única y exclusivamente» de su enfermedad, que le llevó a sufrir un estado de «terror» en su creencia de que en el pueblo existía un complot para arrebatarle su finca, por el que estuvo escondido y padeciendo noches de insomnio y alucinaciones.
Los médicos forenses ya afirmaron en la sesión de ayer que el procesado fue consciente de su crimen aunque con un conocimiento de los hechos condicionado por la visión de una doble realidad, argumento que hoy fue compartido por los psiquiatras que le han analizado en la prisión, que consideran que, en el momento de los hechos, J.G.R. tenía totalmente alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas.
En el primer día, el acusado afirmó que «no habría hecho eso» de haber estado «en su sano juicio». «Me siento culpable por lo que he hecho. No sé si encontraré la paz», dijo entonces J.G.R., que había convivido durante diez años en Madrid con su víctima, restaurador de obras de arte.

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