GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, ha archivado la investigación abierta al ex gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Manuel Lorente y al promotor inmobiliario José Julián Romero, a raíz de una denuncia de la Fiscalía por cohecho y prevaricación administrativa de carácter continuado, tras la presentada por el actual presidente del Granada 74, Carlos Marsá.
El magistrado considera en el auto emitido, al que tuvo acceso Europa Press, que los hechos no son constitutivos de infracción penal, «ni siquiera de falta», y señala que las actuaciones objeto de la instrucción pueden ser «éticamente reprochables» pero no penalmente.
Marsá aportó en su denuncia un informe sobre ese supuesto «trato de favor» que Romero, presidente del CB Granada, dio a Lorente en el pasado Mundial de Baloncesto en Japón. Allí, según denunció el presidente del club granadino, Romero era el «encargado» de pagar los gastos de Lorente, quien dejó su cargo en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por «motivos personales» el pasado mes de febrero, aunque sigue vinculado al Consistorio, donde desarrolla su trabajo como ingeniero.
El juez considera que en los dos informes del 10 de abril y 12 de julio de 2007, posteriores al viaje a Japón, por los que se acordaba la modificación de las alturas de las plantas de los edificios construidos por el promotor en Los Cármenes, «no existen indicios de actividad prevaricadora», ya que el primero fue ratificado por la secretaria general del Ayuntamiento y aprobado por la Junta de Gobierno Local y el segundo «tiene sólidos argumentos en Derecho» y no fue modificado por el gerente, sino recogido.
En cuanto a la rebaja de la sanción que se le impuso a Romero el 22 de mayo por la modificación, de 794.579 euros a 596.069,29, el magistrado señala que la reducción de la cuantía se realizó «en aplicación de una norma que existía con anterioridad y que la permitía», por lo que se hizo plenamente «ajustado a la legalidad».
El titular del Juzgado de Instrucción 4 descarta así que haya relación entre una supuesta conducta prevaricadora y el viaje a Japón, que ve sin embargo lo que ofrece «mayor sospecha» de actividad delictiva, aunque, tras la investigación «los indicios apuntan en sentido contrario». Según indica el magistrado, Lorente mostró su intención de abonar su parte correspondiente del importe del viaje y pagó una cantidad a Romero, si bien el viaje costó más de lo que aportó, 6.500 euros.
SE ENFADÓ CON EL PROMOTOR
Lorente hizo tal pago «en la creencia de que ese era el importe total del viaje», por lo que no pudo tener intención de aceptar parte de un regalo «que no sabía que estaba aceptando». El gerente se enfadó con el promotor por no haber sido más diligente en la gestión del viaje e informarle de que al final había sido más caro.
«Es cierto, por otra parte, que desde un punto de vista ético o moral, no parece muy conforme a los usos sociales que un importante promotor y el gerente de urbanismo hagan viajes juntos con ocasión de un evento público relacionado con el Ayuntamiento», mantiene en el auto el juez, que señala que «puede que pueda ser éticamente reprobable», pero no jurídicamente relevante.
En cuanto al cohecho atribuido a José Julián Romero, el magistrado tampoco ve indicios de que el promotor haya hecho un ofrecimiento o promesa a Lorente, puesto que el primero no conocía el importe total del viaje y que por tanto no pudo ofrecerlo como dádiva, más aún cuando los 6.500 euros fueron abonados por el gerente.
De hecho, Romero pensó que el viaje iba a costar inicialmente por persona 3.200 euros y sin embargo solicitó 6.500 a Lorente y su esposa, «por lo que no sólo no hay indicios de que hubiera ofrecimiento, sino que incluso se cobró una cantidad superior a la debida» según la creencia del promotor.
Ambos declararon ante el juez el pasado 18 de junio después de que la Fiscalía acordara presentar denuncia contra ellos por la posible comisión de los delitos de cohecho y prevaricación, tras la presentada por el actual presidente del Granada 74, Carlos Marsá.
Éste denunció el pasado mes de septiembre los hechos que han sido investigados por el Ministerio Público y que, según el presidente del club granadino, suponían un «trato de favor» por parte del Consistorio al promotor José Julián Romero.

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