El juicio podría quedar mañana visto para sentencia
GRANADA, 15 (EUROPA PRESS)
La acusación particular que ejerce el ex presidente del Granada CF Alfonso Suárez mantuvo hoy su petición de penas y multas para los ocho imputados por la supuesta venta irregular de los terrenos del antiguo estadio de Los Cármenes de Granada, aunque rebajó de seis a cuatro años de cárcel la del delito de estafa.
Durante el juicio, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el abogado de Suárez, Manuel Sanchís, explicó en la exposición de sus conclusiones finales que la reducción de esta última obedece a la circunstancia atenuante de la reparación parcial de daño causado antes de la vista oral.
La acusación considera a los cinco responsables de la entidad Lazasur, que compró los terrenos, autores de un delito de maquinación para alterar el precio del mercado, por el que pide para cada uno de ellos tres millones de euros de multa; de un delito de estafa, con pena de cuatro años; y de un delito societario, con un años de cárcel.
De los mismos delitos ve también responsable al que fuera presidente del Granada CF en el momento en el que se vendió el campo, en 1996, Cándido Gómez, para el que solicita multa de tres millones de euros y un total de 6,5 años por ellos y también 1,5 años por el delito de falsedad.
Al que fuera asesor jurídico del club deportivo Luis Rivas también le atribuye la comisión de los delitos societario, estafa y falsedad, por los que le pide siete años de prisión. Para el entonces secretario del Granada CF, Antonio Lasso, solicita seis meses de cárcel y multa de 20 euros por día durante el mismo periodo.
En su informe final, Sanchís comenzó recriminando el cambio de actitud de la Fiscalía, que no ve delito, desde que se abrieron diligencias, durante la instrucción del caso y hasta el juicio, tras lo que ha sido interrumpido por el presidente del tribunal, el magistrado Jesús Flores, con el argumento de que no se estaba enjuiciando al Ministerio Público.
CON LA «ÚNICA MISIÓN» DE VENDER EL CAMPO
Así, el letrado continuó con la exposición de la justificación de su acusación, sostenida por «indicios concluyentes». Para la acusación particular, durante el juicio ha quedado acreditado que Cándido Gómez accedió a la presidencia del club con la «única misión» de vender el campo de fútbol al Ayuntamiento de Granada, al que veía «como único interlocutor válido».
Posteriormente se modificó y falseó una de las actas de la asamblea extraordinaria de socios del 29 de agosto de 1995, cuando se trató la venta del estadio, en la que se incluyó que a la operación podrían optar «terceros» y no sólo el Consistorio granadino, que había sido sin embargo el único comprador contemplado entonces, según sostiene la acusación.
El letrado señaló asimismo que la ley impide que el presidente de un club deportivo tenga poderes «omnímodos», en contra de lo que afirmó Rivas durante la instrucción y el propio Gómez durante la vista oral, en la que reconoció que podía haber vendido el estadio en la cantidad que él hubiera estimado oportuna.
De igual modo, incidió en que la subasta de los terrenos estuvo «viciada de nulidad», ya que sus normas no fueron sometidas a votación de la asamblea ni publicitadas en prensa y contenían condiciones «imposibles» de cumplir por cualquier promotor, y que finalmente fueron aceptadas por Lazasur, única entidad que se presentó para optar al campo, consciente, según el letrado, de que podría cambiarlas posteriormente.
Así, según considera la acusación particular, se consiguió «echar» al resto de los postores en beneficio de Lazasur, que después modificó las normas y consiguió el otorgamiento de la escritura pública de los terrenos con el único condicionamiento del pago a Gómez, como acreedor del club, a pesar de que la entidad, de nueva creación, no contaba con capital social suficiente ni garantías económicas para pagar a todos los acreedores.
De hecho, según mantuvo el letrado, sólo comenzó Lazasur a efectuar los pagos «cuando no tenía más remedio» y lo hizo «hasta límites insospechados» cuando Suárez interpuso la querella que ha dado lugar a las actuaciones judiciales.
NO SE TRATÓ EN ASAMBLEA, SEGÚN LA ACUSACIÓN POPULAR
Por otro lado, la acusación popular, que ejerce la asociación Socios de 20 años del Granada CF, se adhirió a lo expuesto por la particular e incidió en que la asamblea de socios no autorizó la venta del estadio a terceros, posibilidad que no se contempló y que luego fue añadida «burdamente» en el acta de la misma.
En este sentido, el abogado de la asociación apuntó que, de haber sido así, «las defensas lo hubieran tenido muy fácil», puesto que cualquiera de los asistentes a ella podría haber ratificado en el juicio que sí se trató la venta para otro que no fuera el Ayuntamiento de Granada, «y no se ha conseguido el testimonio de ni un solo socio».
Por su parte, el Ayuntamiento de Granada pidió que se declarara nulo el pleno que daba libertad al Granada CF para vender el estadio de Los Cármenes, sobre el que el Consistorio tenía opción preferencial de compra y de cuya subasta no fue informado.
Por esa razón, según su letrado, no pudo optar al beneficio de la operación, por lo que pide en concepto de responsabilidad patrimonial 19 millones de euros, cantidad que le reclama también Lazasur por haber modificado la edificabilidad de los terrenos.
Así, el Consistorio se considera «perjudicado», «más por el Granada CF que por Lazasur», ya que se incumplieron los acuerdos por los que se le consideraba preferente y se le «hurtó» la posibilidad de adjudicarse los terrenos al no ser llamado ni a subasta ni al otorgamiento de escritura.
El Ministerio Fiscal, que no imputó cargos a ninguno de los ocho acusados, presentará mañana sus conclusiones definitivas e informes finales, que también expondrán las defensas, un total de diez letrados, por lo que finalmente el juicio podría quedar visto para sentencia, después de que las sesiones comenzaran el pasado 3 de septiembre y la instrucción se haya prolongado durante una década.

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