GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)
El promotor José Julián Romero, responsable legal de la entidad Lazasur, afirmó hoy que está sentado en el banquillo de los acusados por la supuesta venta irregular del antiguo estadio de Los Cármenes de Granada, caso en el que están imputadas ocho personas, por «no haber pagado en B» a algunos acreedores del Granada CF que, según apuntó hoy en la tercera sesión del juicio, tenían deudas con el Estado.
Durante la vista oral, que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Romero dijo que «el caso más llamativo» es el del propio querellante, el ex presidente del club deportivo Alfonso Suárez, que ejerce la acusación particular y que, según el promotor, está declarado por Hacienda como insolvente desde el año 1984.
Según declaró ante el tribunal, Suárez instó a Lazasur a que le pagara «en B» o que el pago no se realizara a su nombre y, tras la negativa de la entidad, interpuso «dos días después» la querella que ha dado lugar a todas las actuaciones judiciales.
En este sentido, el promotor señaló que en este caso no está perjudicado ni Suárez, ni Socios del Granada CF de 20 años –que ejerce la acusación popular– ni el Ayuntamiento de Granada –actor civil–. «El gran perjudicado es el Estado», dijo Romero, en relación a que los acreedores debían dinero a la Seguridad Social y Hacienda y por esa razón tardaron en cobrar.
Romero reconoció, al igual que los promotores Francisco Millán y Francisco Salas –que también declararon hoy–, que la venta de la parcela de los Cármenes fue una operación de «alto riesgo económico» y, por otro lado, afirmó que, si bien él mismo ejecutaba las decisiones que tomaba Lazasur, se consultaba «todo» con los demás socios del resto de inmobiliarias integradas en la sociedad.
El promotor aludió a la reclamación de Lazasur al Ayuntamiento de Granada por la reducción de la edificabilidad de la parcela de Los Cármenes –que hoy ocupa una urbanización y un aparcamiento– de 1,7 a 0,9, por lo que pide 19 millones de euros, cantidad que igualmente reclama el Consistorio.
OPCIÓN PREFERENCIAL DEL AYUNTAMIENTO.
La cifra corresponde al beneficio resultante de la operación de la compra de los terrenos a los que el Ayuntamiento no pudo optar, según mantiene su abogado, al no haber sido citado a la subasta, a la que debía haber acudido manteniendo su opción preferencial sobre el resto de los postores.
Salas agregó a lo expuesto por Romero que el citado riesgo estaba en relación a la cantidad de acreedores del club. De hecho, según explicó, hicieron falta hasta cuatro auditorías para aclarar a quién había que pagar, ya que a eso se había comprometido Lazasur, que aportó en un principio 200 millones de pesetas para el Granada CF y el resto –hasta 2.300 millones– lo fueron para el pago a acreedores, por lo que consideró la operación «muy beneficiosa» para el club.
Al hilo, Millán, por su parte, señaló que la plica que Lazasur aportó para la subasta de la parcela, en la que se adjudicó los terrenos, en 1995, la entidad reconocía que el precio que pagaría por ellos incluirían los 200 millones para el club y «todas las deudas exigibles» hasta el 31 de diciembre de 1995.
En la sesión de hoy también declaró el ex secretario del Granada CF Antonio Lasso, quien señaló que su participación en la operación fue la de firmar los documentos. En cuanto al delito de falsedad que se le atribuye, por haber incluido a posteriori en el acta de la asamblea extraordinaria de los socios que la venta del estadio podía extenderse, además del Ayuntamiento, «a terceros», indicó que cometió el error «por las prisas».
De igual modo, explicó que, sin embargo, la cláusula estaba incluida en el orden del día de la reunión y en el anuncio que se publicó en los medios de comunicación y que, efectivamente, añadió después por advertencia del entonces presidente Cándido Méndez, también imputado en la causa, y en presencia de otros directivos. «La frase me ha traído bastantes dolores de cabeza en estos doce años», señaló Lasso, quien no dio «importancia» al cambio, por el que, según dijo, ningún socio se quejó.
Las cuatro personas que declararon hoy ante el tribunal, que preside el magistrado Jesús Flores, se negaron al igual que las cuatro que comparecieron ayer en la sala, a contestar a las preguntas de la acusación en un caso en el que el fiscal no ve delito y cuya instrucción se ha prolongado durante una década.
Mañana se reanuda la sesión en la Audiencia Provincial, en la que está prevista la declaración de un total de diez testigos, entre los que se encuentra el querellante Alfonso Suárez.

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