Ve «muy preocupantes» los delitos contra la vida por crímenes especialmente crueles «un año más»
GRANADA, 04 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía abrió en 2007 en Granada un total de 126.031 diligencias de investigación penal, distribuidas en 123.848 previas y 2.183 urgentes, que constituyen un total de 5.980 menos que en el ejercicio anterior, según recoge la Memoria Fiscal presentada hoy en el Parlamento por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón.
En el informe, consultado por Europa Press, el Ministerio Fiscal indica que el citado descenso, «no tan ligero como en el año anterior», de los datos cuantitativos relativos a la evolución de la criminalidad en la provincia obedece al ajuste de algunas «incorrecciones estadísticas» que se generan durante la incoación de diligencias previas en los Servicios de Guardia.
En términos generales, el Ministerio Público señala que la evolución cuantitativa de la criminalidad presenta «una ligera tendencia a la baja», si bien la comparación con las estadísticas policiales «permite señalar un incremento de cierta importancia entre los delitos contra el patrimonio y, en especial, entre los delitos de robo con fuerza».
«De cualquier manera el volumen de asuntos que genera el sistema de enjuiciamiento comparado con otras provincias andaluzas es bastante alto, un total de 88 supuestos, que contrasta con las 971 calificaciones que han sido realizadas por el fiscal», se concreta en el documento judicial, en el que el Ministerio Público destaca además el número de sentencias conformadas en los Juzgados de Instrucción, un total de 923.
De igual modo, señala que la definitiva implantación en la Fiscalía de Granada del principio de especialización genera, de una parte, un incremento cuantitativo apreciable en la incoación de diligencias previas para el esclarecimiento de algunas formas de criminalidad que presentan muchas dificultadesprobatorias y que generan una actividad investigadora importante, como ocurre con la delincuencia urbanística y medioambiental.
«Tampoco puede olvidarse la actividad preprocesal desarrollada por la Fiscalía en sus diligencias de investigación penal que sostienen, en muchas ocasiones, una intensa presencia en los medios de comunicación por circunstancias completamente ajenas al Ministerio Fiscal», manifiesta.
«BASTANTE ELEVADO» EL NÚMERO DE CALIFICACIONES
La memoria recoge además que resulta «bastante elevado», por su gravedad punitiva, el número de calificaciones realizadas en procedimientos sumarios, 49 y otras diez en procedimientos desarrollados ante el tribunal del jurado.
En lo que respecta a las sentencias que han sido dictadas, el fiscal destaca las que emanan de los Juzgados de lo Penal: 1.185, de las que 808 resultaron condenatorias y 377 absolutorias. La Audiencia Provincial, por su parte, ha dictado un total de 149 sentencias, de las cuales 106 fueron condenatorias y 43 absolutorias.
En cuanto a la evolución cualitativa, ve «muy preocupantes» las cifras relacionadas con los delitos contra la vida «un año más», por la «obstinación» de algunos crímenes «especialmente crueles» que,»en la práctica totalidad de los casos», consiguen sin embargo seresclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
El fiscal destaca además la «importancia» las acusaciones sostenidas contra patrones dedicados al traslado de inmigrantes en patera, actividad delictiva que, «aunque persiste con mucha fuerza», es «muy significativo que decrece de manera apreciable el número de embarcaciones interceptadas».
Por otro lado, el número de lesiones con verdadera trascendencia delictiva, excluida la situación de maltrato doméstico y sobre la mujer, «presenta una ligera tendencia a la baja». De otra parte, «vuelve a ser preocupante» el número de diligencias incoadas por delitos de injurias y calumnias, respectivamente 41 y 151, teniendo en cuenta, además, que en ocasiones estas infracciones aluden a la labor desarrollada por funcionarios públicos y autoridades «que lo que persiguen con la actuación criticada es, justamente, el eficaz cumplimiento de la ley.
«La propia Fiscalía se ha visto en la necesidad de actuar de oficio al tener conocimiento de expresiones objetivamente injuriosas o calumniosas y referidas a la actividad de algunos funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo», indica.
CONTRA FUNCIONARIOS.
El Ministerio Público resalta además algunos casos de tráfico ilícito de personas, fraudes contra la Hacienda Pública o delitos de atentado de las agresiones o intimidaciones graves contra funcionarios sanitarios y educativos, estos últimos perseguidos por la Junta de Fiscales de Andalucía con un criterio acordado ya «consolidado».
De igual forma, resalta como «situación de especial significación» la vinculada a los procesos electorales, en la que la Fiscalía tuvo que actuar de oficio en un delito de coacciones agravadas por el que ha sido acusado el alcalde de Molvízar, Fermín García (PP), por despedir supuestamente a un trabajador que se negó a votar por correo conforma a sus intereses.
También apunta al «sostenimiento» de las tendencias que han sido apreciadas por la Fiscalía de Menores en años anteriores, en el ámbito de la justicia juvenil, en casos de «matonismo escolar» o «el reiterado fenómeno» de difusión de imágenes vejatorias a través de internet, que «siguen presentando algunos casos de especial gravedad y que generan una labor investigadora que debe realizarse con la oportuna reserva para evitar situaciones de victimización secundaria».

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