La acusación particular retira los cargos que le imputaba al notario, que ha podido abandonar la sala
GRANADA, 3 (EUROPA PRESS)
Las defensas de los acusados por la supuesta venta irregular de los terrenos del antiguo estadio de fútbol de Los Cármenes de Granada han pedido al tribunal, en la primera sesión de la vista oral que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial, el sobreseimiento de todas las actuaciones judiciales, al considerar nula la instrucción, que se ha prolongado durante una década.
A las diversas cuestiones previas planteadas hoy por los letrados se han opuesto los abogados de la acusación, que ejerce el ex presidente del Granada CF Alfonso Suárez y la asociación Socios de 20 años del Granada CF. La Sección Primera deberá pronunciarse al respecto para el próximo lunes 8 de septiembre, cuando se reanudará el juicio que está previsto que se prolongue durante toda la semana y continúe la siguiente.
En el caso estaban imputados en principio nueve personas, que se han reducido hoy a ocho, ya que la acusación particular ha retirado los delitos que le atribuía al notario, que abandonó la sala junto con su abogado. En el banquillo sí se sientan tres ex directivos del club granadino y cinco promotores inmobiliarios –que se agruparon en la entidad Lazasur–, acusados de un delito de maquinación para alterar el precio de mercado, un delito societario, estafa, prevaricación y falsedad, por los que se enfrentan a penas de hasta más de diez años.
El letrado de Alfonso Suárez ha retirado además a los imputados la acusación de delito fiscal, al entender que es Hacienda o el Ministerio Fiscal –que no ejerce acusación penal– a quien compete atribuírselo a la venta de Los Cármenes, según declaró a los periodistas a la salida de la vista oral.
Durante la jornada de hoy los abogados de la defensa, que representan a las personas físicas imputadas y a las sociedades Promociones Lazasur S.L., Inmobiliaria Moleón, Millgonsa, Inmobiliaria Consulting Garviye S.L., Asociaciones Garajes S.A. e Inversiones Albaicín S.L., han acusado al juez instructor de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, de parcialidad.
JUEZ «ACUSADOR».
Así, uno de los letrados apuntó al «desacierto» de Del Arco, «un juez arrogado en acusador», por lo que habría de considerarse nulo el sumario elaborado, que alcanza los 17.000 folios, algo que consideraron «absurdo» las acusaciones, que señalaron que a lo largo de los más de diez años de instrucción, se han presentado hasta 95 recursos, 25 de ellos pidiendo el sobreseimiento de las actuaciones judiciales, por lo que consideran que la Sala ya ha respondido a lo planteado hoy.
Por otro lado, otra de las defensas ha pedido excluir a Alfonso Suárez como acusación particular, al entender que éste no tuvo perjuicio por la venta de los terrenos del antiguo estadio, puesto que los créditos en los que basa su supuesta afección están a nombre de otra persona. En ese sentido, consideró que «al no haber parte legitimada» para ejercer la acusación –teniendo en cuenta que el fiscal no ha presentado cargos–, se declare nulo el auto de apertura de juicio oral.
Por su parte, el letrado de uno de los promotores ha solicitado además que el Ayuntamiento de Granada, que está personado como actor civil, se retire del caso, ya que «no es ofendido ni perjudicado» y no está «legitimado» para participar en la causa, que, por contra, rechazó el abogado del Consistorio, que recordó que no es la primera vez que las defensas han pedido su retirada, cuando es una cuestión «que ampara la ley».
Por su parte, el fiscal reconoció irregularidades procesales y apuntó al «caos» en la instrucción judicial, si bien no avaló la nulidad pretendida al no haber existido indefensión de las partes, por lo que consideró que sí puede continuar el juicio, en el que ya avisó que el Ministerio Público actuará «con cautela».
Según mantiene el ex presidente Alfonso Suárez la venta del estadio a Lazasur se produjo a espaldas de los socios y primando los intereses de las inmobiliarias que, según sostiene la acusación, violaron las normas de subasta, una vez que el Ayuntamiento no optó a la compra, que finalmente se realizó en 1996 por unos 2.000 millones de pesetas.

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