GRANADA, 02 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, mostraron hoy su disposición a colaborar con el juez Baltasar Garzón, que ha pedido a instituciones y ayuntamientos que elaboren diversos listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil, si bien consideraron que cuentan entre sus archivos con escasa información al respecto.
Ambos afirmaron hoy en rueda de prensa que no han recibido aún la providencia del titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, por lo que están a la espera de ver concretada su solicitud, paso previo del juez para decidir si es o no competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007.
Torres Hurtado afirmó desconocer si la ciudad tiene o no archivos que especifiquen el nombre de las personas enterradas a partir del llamado «alzamiento nacional» de 1936 en las fosas comunes, que en Granada se encuentran en el cementerio de San José, según especifica el magistrado en la providencia hecha pública ayer.
Por su parte, González Lodeiro, que se mostró «sorprendido» por ser el único rector al que Garzón ha requerido información, incidió en que las investigaciones llevadas a cabo en el seno de la institución se centran en los datos académicos y biográficos de los posiblemente fusilados, sin que se cuente con otros más concretos acerca de las ejecuciones en sí.
No obstante, según indicó, y por lo que hasta ahora se ha recopilado, señaló que en Granada más de un decena de profesores –entre ellos algunos catedráticos– pudieron ser asesinados tras estallar la Guerra Civil, entre los que se encontraban el rector Salvador Vila, el catedrático de Química Jesús Yoldi o el que fuera vicerrector José Palanco, que además fue alcalde de la ciudad.
«Habrá que mirar en los libros de actas en las Juntas de Facultades, en los centros a ver si hay algo. Sabemos que fusilaron a varios y que otros fueron represaliados. Habrá que investigar», mantuvo González Lodeiro, que aludió al volumen de investigaciones acerca de la República y la Guerra Civil realizadas en la UGR como posible explicación a la petición de Garzón.
El rector señaló que en la Universidad constan datos de los profesores en el 36, sus nombramientos –algunos fueron rectores, otros alcaldes o miembros de la corporación municipal– y sus biografías, que han sido ya recopiladas por los historiadores, que no han podido encontrar datos específicos, excepto, quizá como dato útil, el cese de sus cargos y la fecha.
Al no haber recibido aún el requerimiento del juez, el rector dijo desconocer el método que se va a emplear para recopilar toda la documentación, entre la que podrían incluirse cartas u otro tipo de archivos. «Ya veremos qué nos pide el juez, cómo se ejecuta. Si va a mandar personas especializadas. No se si pedirá actuaciones del laboratorio de Antropología Forense, ya que Miguel Botella y Lorente hacen identificaciones de ADN», mantuvo.

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